CASO DEL DEFENSOR.

Carta abierta a los diputados

Como es de su conocimiento, la Alianza de Mujeres y múltiples entidades y personalidades de la sociedad civil han presentado, ante la Comisión Ad hoc designada para conocer del caso, varias denuncias y peticiones a fin de que se deje sin efecto el nombramiento del Dr. Liborio García Correa como defensor del Pueblo, sustentando que el proceso de selección tiene evidentes "vicios en el consentimiento".

El vicio en el consentimiento es un principio general del derecho que establece que se declara nulo el consentimiento prestado, cuando ha sido otorgado por error u omisión en el juicio de quien lo confiere, en cuanto a las cualidades indispensables para el perfeccionamiento del acto jurídico.

Un número importante de diputados y diputadas que eligieron al Dr. Liborio García, han manifestado que al momento de emitir su voto, desconocían las características del defensor que lo descalifican para ocupar el cargo y que, de haberlo sabido, su voto hubiese sido diferente.

Además de estas denuncias y peticiones, las citadas organizaciones han entregado a la Comisión Ad hoc, copia de la denuncia presentada en su contra, ante la Fiscalía Electoral, por su participación en actividades proselitistas, y una serie de pruebas que sustentan el hecho evidente de que el Dr. Liborio García, además de que no cumple con los requisitos para ocupar el cargo, tiene "incapacidad manifiesta para ejercerlo".

Las actuaciones y características del Dr. García que los diputados desconocían al momento de emitir su voto y que demuestran, además, "incapacidad manifiesta para ejercer el cargo" son:

El haber ocultado la existencia de una demanda en su contra por violencia doméstica. La denuncia en sí es evidencia de que el Dr. García no tiene solvencia moral y el haberlo ocultado a quienes debían tomar la decisión de elegirlo, le resta toda credibilidad.

Sus declaraciones ampliamente difundidas por todos los medios, que evidencian un absoluto desconocimiento de las leyes y tratados internacionales que promueven y protegen los derechos humanos, y la ausencia de una trayectoria en este campo.

Su inexcusable y obvio desconocimiento sobre el problema social de la violencia doméstica, cuyas principales víctimas son las mujeres y los niños, al punto que ha dicho que es un asunto privado y ni siquiera lo tiene incluido dentro de sus planes de trabajo.

Los prejuicios que ha demostrado tener contra personas por sus preferencias sexuales o prácticas religiosas, enfoque de intolerancia que lo descalifica como mediador social que el cargo amerita.

Al desconocer, al momento de su elección, todos estos elementos, los diputados le dieron su voto a una persona que no era la que ellos pensaban, especialmente, en cuanto a la solvencia moral, requisito sine qua non para ser elegible al cargo de Defensor del Pueblo. El Dr. Liborio García ha defraudado a los diputados que confiaron en él. De todos y cada uno de ustedes depende que la Asamblea no defraude a sus electores. Confiamos en que llegado el momento, podremos contar con su voto ya sea, para dejar sin efecto el nombramiento o aprobar la remoción del Dr. Liborio García como defensor del Pueblo. Sólo así, lograremos salvaguardar la institucionalidad de la Defensoría del Pueblo y mejorar la imagen de nuestro país ante la comunidad internacional. Se trata de una oportunidad de oro para subsanar un error que atenta contra la institución que debe erigirse como la gran defensora de los derechos humanos de todos los panameños, especialmente de los más humildes e indefensos.La autora es presidenta del Foro de Mujeres de Partidos Políticossine qua non para ser elegible al cargo de Defensor del Pueblo.

El Dr. Liborio García ha defraudado a los diputados que confiaron en él. De todos y cada uno de ustedes depende que la Asamblea no defraude a sus electores.

Confiamos en que llegado el momento, podremos contar con su voto ya sea, para dejar sin efecto el nombramiento o aprobar la remoción del Dr. Liborio García como defensor del Pueblo.

Sólo así, lograremos salvaguardar la institucionalidad de la Defensoría del Pueblo y mejorar la imagen de nuestro país ante la comunidad internacional.

Se trata de una oportunidad de oro para subsanar un error que atenta contra la institución que debe erigirse como la gran defensora de los derechos humanos de todos los panameños, especialmente de los más humildes e indefensos.

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