| Argentina Y Uruguay.
Una nación, dos estados
Emilio García Méndez
El conflicto en curso entre la Argentina y el Uruguay, por la instalación del lado uruguayo de una enorme fábrica de celulosa, con la fuerte presunción de que la misma generará altos niveles de contaminación también sobre las cercanísimas costas argentinas, ha crecido hasta límites inimaginables. La negativa de la empresa finlandesa, que construye la planta, a paralizar transitoriamente las obras, ha agravado ulteriormente la situación. Todos los canales políticos de comunicación entre ambos gobiernos se encuentran hoy interrumpidos. La escalada verbal entre los presidentes no se detiene y el MERCOSUR se parece ya bastante a un cadáver insepulto.
Tal como lo dispone el Estatuto del río Uruguay, río que comparten ambos países y sobre el que se ubica la fábrica, sólo ha quedado en pie el último y extremo recurso al Tribunal Internacional de la Haya. Este canal, que en la mejor de las hipótesis, permitirá un pronunciamiento sobre la cuestión de fondo en un par de años, constituye a esta altura del conflicto la confirmación del estrepitoso fracaso de toda posibilidad de solución bilateral. Un viejo acuerdo verbal del gobierno argentino a la instalación de las fábricas, hoy negado debido a la insurgencia de la sociedad civil de la zona afectada y la negativa uruguaya a aceptar un estudio profundo e imparcial de impacto ambiental, han llevado al conflicto a una situación de no retorno en el corto y mediano plazo.
El gobierno argentino decidió hacer uso formal del recurso a dicho tribunal. Nos enfrentamos a una situación absolutamente inimaginable, entre dos países que literalmente confunden desde el fondo de la historia sus incontables lazos que los identifican como una única nación. Pero una cosa es la nación y otra muy distinta es el estado. Que lo digan sino las dos Alemanias que a duras penas coexistieron entre el fin de la Segunda guerra mundial y la caída del muro de Berlín en 1989.
Es precisamente en circunstancias como estas, que toda identidad cultural cede y se estrella contra la existencia de abismales diferencias políticas que determinan la vigencia de dos culturas institucionales de carácter irreconciliable.
Más allá de la sustancia ecológica del conflicto entre ambos países, mientras la Argentina constituye un país signado por el irrespeto aterrador al funcionamiento de las instituciones, que el decisionismo del gobierno Kirchner ha ulteriormente exacerbado, el Uruguay constituye un caso singular de respeto a ultranza de las reglas de juego institucionales. Un respeto, que muy especialmente para los argentinos, bordea incluso, en ocasiones, un ritualismo exasperante. Por ello, si en el caso uruguayo la profundización del conflicto galvaniza al gobierno y la sociedad, en el caso argentino fragmenta sin mayores distinciones.
En lugar de aislar y circunscribir el conflicto a su área específica, el presidente Kirchner (hablar de su gobierno sería una una exageración), ha decidido potenciar sus peores rasgos y aboliendo toda diferencia entre el adentro y el afuera, plebiscitar, entre una parte de la clase política, sus relaciones internacionales. Una reunión en la propia zona del conflicto con la presencia masiva de gobernadores e intendentes (alcaldes), cuya ausencia pulverizaría sus recursos financieros totalmente dependientes del poder central, contribuye irresponsablemente a quemar las últimas naves de la cordura. Sólo aquellos pocos gobernadores en posesión del manejo de la renta petrolera, audaces políticamente o despechados por las feroces internas partidarias, no harán parte del monocorde coro de aplausos.
Intentar predecir el futuro del conflicto constituye un ejercicio vano de adivinación . Extraña y paradójica es la única certeza de que disponemos: nadie ha construido hasta hoy un muro sobre el agua.
El autor es abogado y profesor de la Universidad de Buenos Aires
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