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Reportaje especial
Panamá, domingo 7 de mayo de 2006
 

DEMANDA. LA CONTRALORÍA PIDE LA INTERVENCIÓN DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE.

Resurge debate por quioscos en cárceles

Se trata de tres locales ubicados en los centros penitenciarios La Joyita, La Joya y El Renacer.

El contralor, Dani Kuzniecky, asegura que los contratos se otorgaron sin refrendo de la Contraloría.

Rafael Pérez G.
rperez@prensa.com

El escándalo por los contratos de concesión de comida en los centros penitenciarios del país tiene un nuevo capítulo.

Ahora el contralor general, Dani Kuzniecky, pidió a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia que declare la nulidad de los contratos de concesión aprobados por el Ministerio de Gobierno y Justicia.

Kuzniecky pidió, además, que se ordene la suspensión de los efectos de los referidos contratos, mientras se resuelve el fondo de la controversia.

Su petición se sustenta en que los contratos directos para la prestación de esos servicios se dieron sin que fueran refrendados por la Contraloría.

El funcionario agregó que una contratación directa no puede sustentarse en actos administrativos, como fueron las resoluciones de principios de 2002 que emitió el Ministerio de Economía y Finanzas.

Ambas resoluciones autorizaban a Gobierno y Justicia a formalizar una contratación directamente con Roger Conte, propietario de los locales ubicados en tres cárceles de la ciudad de Panamá: La Joya, La Joyita y El Renacer.

Este diario intentó, sin éxito, obtener una reacción de Conte sobre el tema.

Estas acciones legales llegan en el momento en que la nueva ministra de Gobierno y Justicia, Olga Gólcher, designa a Carlos Landero nuevo director del Sistema Penitenciario Nacional, en reemplazo de José Calderón, quien renunció al cargo.


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