| JUSTICIA ELECTORAL. ESCÁNDALO DEL INDE EN CHIRIQUÍ SALPICA A PARTIDOS POLÍTICOS.
Una condena y la sospecha de siempre
En Panamá hay cuando menos 139 investigaciones por uso indebido de fondos estatales para proselitismo.
Los tres juzgados penales electorales han dictado 176 condenas por ilícitos a partir de los comicios de 2004.
| LA PRENSA/Maydée Romero |
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| REGISTRO. Las fiscalías electorales procesaron aproximadamente 2 mil 500 casos a partir de los comicios generales de 2004.659030 |
Rafael Luna Noguera
rluna@prensa.com
El reciente fallo del juzgado electoral de Chiriquí por uso indebido de fondos estatales contra Jaime Watson, ex director del Instituto Nacional de Deportes en esa provincia, ratifica lo que muchos en Panamá suponen, pero no admiten: que algunos partidos políticos se valen de las estructuras del Estado para financiar las campañas electorales.
De acuerdo con la sentencia, Watson usó las oficinas del instituto de deportes como depósito de banderas y los teléfonos de la entidad para hacer proselitismo.
"Se trata de un problema ético", dijo el ex presidente Guillermo Endara, quien al ser consultado sobre el tema recordó haberse enfrentado a miembros del arnulfismo tras negarse a apoyar a Mireya Moscoso en las elecciones de 2004. "Los mandé a la m...", relató.
Por su lado, el líder de Cambio Democrático, Ricardo Martinelli, opinó que el problema "no se queda en el pasado; sigue en el presente, y solo basta ir al interior del país para darse cuenta".
El caso de Watson es uno de los cerca de 2 mil 500 expedientes -139 de estos por uso indebido de fondos del Estado- que instruyeron las fiscalías electorales luego de los comicios generales de 2004.
Si bien la Fiscalía y el Tribunal Electoral no han logrado cuantificar el monto del usufructo en la totalidad de esos casos, no se puede obviar el hecho de que la utilización de recursos estatales para fines electorales es el segundo delito electoral con más expedientes registrados, solo superado por el muy frecuente cambio doloso de residencia.
Sistema bajo la mira
El caso Watson ilustra, asimismo, lo que ocurre en la novel jurisdicción electoral, atiborrada de expedientes y presionada por la eventual prescripción –a partir de mayo de 2007- de cientos de casos.
La mora parece salpicar a un solo eslabón de la cadena, o al menos así lo aclaró apresuradamente el fiscal Gerardo Solís: "A nosotros no nos ha prescrito ni un solo caso. El problema no está aquí", dijo.
La secretaria general de su despacho, Elizabeth Troitiño, puntualizó además: "De los cerca de 2 mil 500 casos que hemos recibido luego de las elecciones de mayo de 2004, únicamente nos resta por remitir a los tribunales unos 220 expedientes".
"Supongo que los retrasos tienen que ver con el hecho de que la cantidad de casos excede, sobre todo en época de elecciones, la capacidad del sistema mismo", justificó.
La funcionaria opinó que, aunque las fiscalías y juzgados penales electorales tienen recursos, debería dárseles un poco más.
Del mismo criterio es el magistrado del Tribunal Electoral Dennis Allen, quien precisó que en el presupuesto de este año solicitaron con "urgencia" más recursos para crear un nuevo juzgado en la primera jurisdicción electoral (Panamá, Colón y Kuna Yala), pero el Ejecutivo se los negó, según él mismo afirmó.
Para Allen el panorama es más complejo de lo que los números revelan: "Primero, se trata de juzgados muy nuevos, que de un mes a otro recibieron cientos de expedientes. Segundo, están obligados a cumplir una serie de trámites por encima de los cuales, incluso, deben garantizar el debido proceso y la presunción de inocencia. Tercero, no tienen los suficientes recursos humanos ni financieros, y por último los procesos suelen retrasarse debido a las acciones ejercidas por la defensa de los imputados".
Además, aclaró lo obvio: que en los juzgados no solo se condena (ver cuadro), sino también se anula, se sobresee, se apela y se proyectan expedientes. No obstante, aparte de las condenas, el Tribunal Electoral no tiene contabilizadas ninguna de esas acciones.
Ceila Peñalba Ordóñez, secretaria general del Tribunal Electoral, resumió que el asunto se reduce al pequeño tamaño del aparato electoral, sumado a las muchas complicaciones inherentes al llamado y comparecencia de las partes en las causas.
Prueba de lo que dice es el caso de Jaime Watson, quien fue condenado a seis meses de prisión luego de 23 meses de haberse interpuesto la denuncia por uso de fondos públicos en la campaña electoral de 2004. Watson apeló la sentencia de primera instancia anteel Tribunal Electoral.
Balance estadístico
EL PRIMERO. La falta electoral que más se comete es el cambio doloso de residencia.
EL SEGUNDO. Le sigue el uso indebido de recursos del Estado para hacer proselitismo político.
OTROS. La lista continúa con la retención de las cédulas y la compras de votos.
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