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Reportaje especial
Panamá, lunes 10 de abril de 2006
 

ABOGADAS.

Una extraña denuncia

Rosabell Jiménez

Hace algunos días escuché y leí una denuncia que me impresionó y me indignó, como profesional del derecho que soy, y como mujer. Me refiero a aquella que salió en distintos medios, donde se decía que había una red de abogadas que se dedicaba a la prostitución en el Centro Penitenciario La Joya. Me niego a creer que se trata de verdaderas abogadas, y quiero pensar que se trata de personas que se hicieron pasar como tales, pues, aparentemente, no se sabe ni siquiera sus nombres, pues si lo tuvieran bastaría con que se fijaran en la página web del Órgano Judicial, en la sección de idoneidades, para saber si son profesionales del derecho o no; y, de comprobarse la veracidad de estos hechos, publicar sus nombres y aplicar las sanciones correspondientes, no solo para ellas, sino también para sus cómplices, porque de ser esto cierto, tiene que haber complicidad de alguien dentro de este centro carcelario, pues, si bien es cierto, los abogados no somos revisados al hacer ingresar a estos centros, sí existe un control, el cual hace imposible que se lleven a cabo los actos señalados, a no ser que exista complicidad de alguien. Cuando los abogados realizamos una visita a La Joya, primero tenemos que pasar por la sala de guardia que está en la entrada, luego a otra sala de guardia. Si no sabemos en qué pabellón está el detenido que vamos a visitar, tenemos que pasar al Departamento Judicial para nuevamente ir a la segunda sala de guardia y de allí pasamos al lugar donde los abogados nos entrevistamos con nuestros clientes, el cual está, dicho sea de paso, en pésimas condiciones.

Todo lo explicado hace imposible que allí ocurra el tipo de situaciones que se han manifestado públicamente.

Es por lo anterior que todas las abogadas de este país debieran pedir que esta extraña denuncia sea investigada hasta las últimas consecuencias, y que esas personas sean sancionadas.

De no comprobarse los he- chos, todas las mujeres de la clase forense panameña merecemos una disculpa pública, pues esto es una ofensa hacia nuestro gremio.

La autora es abogada

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