| TELECOMUNICACIONES.
Lo oscuro de las privatizaciones
Guillermo Cochez
La polémica sobre las privatizaciones me obliga a ver algo de lo oscuro de ese proceso que puso fin en 1997 al monopolio estatal de energía eléctrica y telecomunicaciones. "Algo", porque de seguro que lo que describiré no es todo lo que el público, aunque debiera, sabe de lo hecho en esa materia durante el gobierno de Pérez Balladares, bajo la dirección de su ministro de Hacienda y Tesoro, Miguel Heras C.
En el Contrato de Compraventa de Acciones entre Estado Panameño y Cable & Wireless plc., celebrado el 20 de mayo de 1997 y publicado tres meses después (curiosidad) en la Gaceta Oficial No. 23365 de 29 de agosto, Cable & Wireless obtuvo el 49% de las acciones, el Estado el 49% y los ex trabajadores del INTEL el 2%.
Ese contrato confirió a Cable & Wireless el derecho de administrar y operar la empresa, teniendo mayoría en su junta directiva (4 a 3). A pesar de lo anterior, en dicha Gaceta se advertía la inclusión de un Anexo 2, denominado "Contrato de Administración y Operación". Ello no se hizo, por lo tanto el público y los legisladores nunca tuvieron acceso a ese "contrato", al no publicarse en la Gaceta, lo cual significaba que nunca entraría en vigencia.
Ello no fue así. Mediante ese "Contrato de Administración y Operación", Cable & Wireless procedió a tomar para sí sumas de dinero trimestrales, que al final de cada año, desde 1998 hasta el 2005, ha significado un promedio anual de 14 millones de dólares; un total de 112 millones.
De los cuales nunca se le dio a Panamá su 49%, 54.8 millones, ni a los trabajadores su 2%, 2.2 millones.
Esa cantidad la han tomado, aun en los años en que no han declarado ganancias y por lo tanto ni a Panamá ni a los trabajadores le tocó nada, pero sí a Cable & Wireless.
La demanda de nulidad de ese contrato está pendiente de fallo en la Corte Suprema. Su primer ponente (Arturo Hoyos-ratificado en su cargo por Pérez B.) admitió la demanda. Cable & Wireless como tercero interesado se opuso y el resto de la Sala Tercera (Adán Arnulfo Arjona y Winston Spadafora), rechazó la petición, señalando que el contrato que su nulidad se solicitaba, era accesorio al principal, el de compraventa de acciones. En estricto derecho, el accesorio sigue la suerte del principal; por lo que si uno se publicó, el otro también debió de haberse publicado.
En el proceso en la Corte, que tiene ahora como ponente al magistrado Víctor Benavides, en su etapa de pruebas, se oscurecieron cosas que no sabíamos.
Miguel Heras dijo que ese contrato (Anexo 2) no se había publicado al ser muy extenso.
(Constaba de 11 páginas a doble espacio, que convertidas a la Gaceta Oficial, hubiesen ocupado menos de 3 páginas. Raúl Montenegro, en ese momento ministro de Gobierno y presidente del INTEL, dijo desconocer el porqué no se había publicado. Olmedo Miranda, ministro de la Presidencia de la época y como tal encargado de la Gaceta Oficial, señaló que nunca se dejó de publicar un documento por su extensión.
Heras Castro el 27 de julio de 2005, en la continuación de su interrogatorio, señaló algo más grave aún. Dijo que ese contrato (administración y operación) "tenía como objetivo principal otorgar una contraprestación a la compañía operadora (Cable & Wireless)...". "Era compensar a las compañías adquirentes de las acciones de las compañías telefónicas estatales, por la transferencia de conocimientos, tecnologías y mejores prácticas en la industria".
O sea que no bastaba con el 49% que tendrían de los dividendos.
Con esa "contraprestación" secreta -oculta para el público y los legisladores se les estaba dando más, bastante más, del 49% de las ganancias.
Recuerdo la intervención del entonces legislador, hoy magistrado, Alberto Cigarruista, al pedir que le mostraran tales anexos, que nunca se dieron a conocer, comprobado por mi al revisar las actas legislativas correspondientes.
¿Pero lo que se conoció no era que se estaba vendiendo el 49% de las acciones? ¿Por qué esa "compensación" o "contraprestación" adicional? ¿Por qué no se publicó en la Gaceta Oficial ese extraño contrato? ¿Qué pretendían ocultar con todo esto? Además de lo señalado, existe una decisión, debo suponer de su junta directiva, que da a Cable & Wireless el derecho a cobrar 400 mil al año (3.2 millones en 8 años) por el uso de su logo corporativo. Equivaldría el que todavía Gago le pague al 99 porque en sus antiguos supermercados se usa el logo del 99 o que el HSBC haga lo mismo con el Chase.
¿Qué más cosas oscuras habrá en esa empresa y en las otras privatizadas que los panameños desconocemos. ¿Cuántos más contratos de Administración y Operación existirán en las otras empresas? ¿Qué otros secretos de ese proceso privatizador son desconocidos? Es hora que todo se sepa; panameños tenemos el derecho a exigirlo.
El autor es abogado
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