| CHIRIQUÍ. UNOS 2 MIL 800 TRABAJADORES NO HAN COBRADO Y HAY 90% DE INASISTENCIA ESCOLAR.
Bananeros temen nueva explosión social
Dirigentes de Coosemupar se reunieron ayer con el ministro de Trabajo, Reynaldo Rivera.
El abogado de la Cámara de Comercio de David sugiere demandar la nulidad de los acuerdos marco. José QuinteroBoris Gómez
panorama@prensa.com
La amenaza de una inminente quiebra de la Cooperativa de Servicios Múltiples Puerto Armuelles R.L. (Coosemupar) rondaba ayer el distrito de Barú y recordó a sus moradores el fantasma del hambre que caminó en 1998.
Salustiano de Gracia, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Chiriquí Land Co., expresó, luego de reunirse por dos horas con el ministro de Trabajo, Reynaldo Rivera, que el Gobierno está haciendo su trabajo, pero la empresa Chiquita Brands no brinda la respuesta esperada y duda que pueda contener más tiempo a los 2 mil 800 obreros y sus familias padeciendo hambre.
Tres días después del inicio de clases, De Gracia asegura que solo 10% de los niños está asistiendo a la escuela, pues no cuenta con uniformes ni útiles, mucho menos con dinero para alimentos.
Rechazó que se esté llamando a huelga en las bananeras y preguntó: "¿qué trabajador puede laborar sin alimentarse y qué niño puede estudiar sin una merienda y sin útiles?".
En tanto, en David, el abogado Enzo Polo Cheva, asignado por la Cámara de Comercio de esa ciudad para estudiar el caso bananero, dijo que la organización recomienda a la cooperativa demandar la nulidad del acuerdo marco que mantiene con la transnacional frutera.
"Chiquita no respeta los acuerdos marco aprobados y promulgados en decreto de Gabinete por el Gobierno. Lo prudente es demandar su nulidad", sugirió Polo.
Explicó que la violación consiste en que uno de los puntos del acuerdo expresa que los servicios de parte de la transnacional, a través de su filial Tecno Asesora Agrícola (Teasa), se cobrarán al costo.
Esto no ocurre así, pues Teasa, dijo, cobra menos cargos a empresas productoras de Bocas del Toro por los mismos servicios. Lo aprobado en ese decreto es ley de la República y debe ser demandado ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.
"Estos sobrecostos, advirtió, alcanzan cobros de 4 millones de dólares que servirían para poner las fincas en buenas condiciones". Sin embargo, para Polo Chiquita tiene todas las cartas amarradas. "La cooperativa no va a ser beligerante, pues el gerente interventor que nombró el Gobierno, José Antonio de La Lastra, es un ex funcionario de Chiquita en Bocas del Toro y está nombrado allí por sugerencia de la transnacional", aseguró.
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