CROMAÑON IV.

Entre la lealtad y la conciencia

El 7 de marzo de 2006, se cerró un doloroso capítulo comenzado en la ciudad de Buenos Aires la noche del 30 de diciembre de 2004 con la muerte de 194 jóvenes en un local bailable llamado Cromañón. Tres veces, el 29 de enero, el 24 de febrero y el 22 de mayo de 2005, me referí al hecho desde esta misma columna.

Este 7 de marzo, Aníbal Ibarra, jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires, fue destituido de su cargo, con la observancia rigurosa de todas las reglas del debido proceso, por la mayoría mínima prevista de 10 legisladores de una totalidad de 15 de la sala juzgadora de la legislatura de la ciudad. Se trata indudablemente de un hecho de extraordinaria importancia política en el distrito más sensible del país. Por otra vía, la judicial del proceso penal que sigue su curso, transita la dilucidación de la eventual responsabilidad penal del jefe de gobierno, así como de un importante grupo de funcionarios y miembros de las fuerzas policiales.

Pocas veces, un único hecho ha tenido la capacidad de condensar y sintetizar con tanta fuerza, las grandezas y las miserias de nuestro sistema político y cultura social.

Justo es reconocer, que mezquindades y noblezas han estado "democráticamente" distribuidas en casi todo el arco político ideológico del país. Pero ni el grosero uso de los fondos públicos para la defensa personal del jefe de gobierno, ni las burdas operaciones de toma y daca que no pudieron permanecer en la oscuridad, ni los múltiples apoyos, con mayor o menor nivel de sinceridad, fueron suficientes para evitar un desenlace prácticamente imprevisible hasta el último segundo.

Contrariando una tradición corporativa fuertemente arraigada, fue finalmente el voto a conciencia lo que posibilitó la destitución. Nada lo expresa mejor, que la opinión dividida de los tres legisladores representantes del bloque que responde al presidente de la República: un voto por la destitución, un voto a favor y una abstención.

Mas allá de la tan brutal, cuanto sorda interna desatada en el seno del gobierno, son algunos de los más reiterados argumentos en defensa del destituido jefe de gobierno, los que merecen el análisis y la reflexión. El primero de ellos se basó en el intento sistemático de presentarse como la verdadera víctima de los sucesos, pretendiendo confundir responsabilidad política con responsabilidad penal. El segundo, consistió en reiterar una y otra vez, los numerosos ejemplos nacionales e internacionales de catástrofes similares que no concluyeron con la muerte política de sus responsables institucionales. Para nadie es un secreto que la causa eficiente de las muertes, más allá del fuego y los gases tóxicos, estuvo directamente vinculada con el entramado sistemático de corrupciones que permitieron que la seguridad de éste y otros lugares públicos, resultaran en verdaderas trampas mortales. El burdo intento de nivelar hacia abajo y la mención implícita de la "injusticia" producto de identificar una isla de responsabilidad en un mar de impunidades, acabó quizás actuando como el disparador que confrontó inesperadamente a algunas conciencias individuales, con la trama de lealtades corporativas que impone una forma hoy dominante de la política.

Fue Hannah Arendt en su obra La vida del espíritu, la que apuntó la enorme paradoja de que " la 'buena conciencia' es, por lo general, más propia de la gente auténticamente malvada, criminales y similares, mientras que sólo la 'gente buena' es capaz de tener mala conciencia". Mas de 20 años antes, Gustav Radbruch, fue quien afirmó que, "entre los muchos requisitos para ser un buen jurista (y un buen ciudadano se debería agregar), es necesario tener la conciencia sucia".

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