PENA DE MUERTE.

Cartas desde Europa: Por caridad

El doctor Josep Ignace Gillotin, miembro de la Asamblea Nacional revolucionaria, propuso en París, durante el otoño de 1789, eliminar los instrumentos de tortura al uso sustituyéndolos por la máquina de cortar cabezas que lleva su nombre. Le animaba a hacerlo tanto la compasión por la suerte de los reos como el sentido de la igualdad del que hacía gala el Nuevo Régimen. La guillotina igualaba a reyes y plebeyos amén de evitarles una agonía larga: un golpe y se acabó. Su eficacia fue tan grande y la humanidad que brindaba a las sentencias capitales tanta que cabe recordar la longevidad extrema de que gozó el mecanismo no inventado pero si popularizado por el médico Guillotin. Francia mantuvo la pena de muerte hasta que el presidente Miterrand la abolió en 1981, nada menos.

Guillotin no impuso en tanto que médico, sino como político señalado, el progreso técnico de la máquina destinada a descabezar a los sentenciados a muerte. Pero resulta imposible separar su profesión de la voluntad moralizante de la guillotina: al fin y al cabo, se trataba de evitar sufrimientos añadidos a quienes habían de morir en nombre de la voluntad del Estado. Algo semejante acaba de suceder no en Francia sino en Estados Unidos de Norteamérica o, mejor dicho, en uno de los 38 estados de la unión que mantienen la pena de muerte. La negativa de dos médicos californianos a controlar los productos químicos que se inyectan para ejecutar a los reos impidió hace unos días que el chicano Michael Morales, convicto y confeso del rapto y asesinato de una chica de diecisiete años, fuese ejecutado. Los médicos adujeron razones morales: el juramento hipocrático se refiere a salvar vidas, no a despacharlas. Y, aun así, los facultativos que se negaron a colaborar en la ejecución reconocieron que se habían planteado los beneficios para el reo de una asistencia médica a la hora de ser inyectado con sustancias que no le causen excesivos padecimientos.

Resulta difícil establecer dónde se encuentran las dudas mayores. ¿En el proceder de unos estados que mantienen la pena de muerte en el corazón del imperio del siglo XXI pero quieren a la vez dulcificarla? ¿En el papel beneficioso o maligno de los médicos cuando facilitan las ejecuciones? ¿En el propio concepto de progreso cuando se aplica a los instrumentos de muerte? Si se compara la guillotina con su antecesora, la horca, el mecanismo de la Asamblea Nacional depende menos de la habilidad del verdugo para garantizar una muerte rápida y, por ende, menos dolorosa. Sería preferible con mucho a la agonía de espanto que produce la silla eléctrica durante un tiempo largo, a la propia horca cuando mata por asfixia, o a la angustia de la cámara de gas. Pero si la gran mayoría de los estados de la unión con pena letal opta hoy por las inyecciones de fármacos es a causa, una vez más, de las razones morales.

Así que la mayor duda de todas quizá haya que referirla al concepto mismo de la moral, tan frágil y huidizo él como para plantearnos estos problemas. Al fin y al cabo, se espera que la pena de muerte sea ejemplar y aleccionadora.

Cuánto mejor resultan a tales efectos el tornillo que aplasta las cabezas, el empalamiento, la desmembración o incluso la hoguera. Los melindres y los pruritos morales casan mal con el propósito último de quienes deben matar a los reos porque no saben qué cosa mejor hacer con los culpables de ciertos horrores que aplicarles el ojo por ojo.

El autor es escritor

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