ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.LUIS MORA, PRESIDENTE DE LA CORTE DE COSTA RICA.

‘Me intentaron pasar la factura’

‘En la última reelección que me hizo la Asamblea recibí un gran número de votos en contra’, Mora.

Un magistrado de la Corte debe durar en el cargo, de hecho, ‘hasta que se jubile, renuncie o muera’.

FOTO/Cortesía/La Nación

CONVICCIÓN. Luis Paulino Mora reafirma que los administradores de justicia deben dar el ejemplo de rectitud y transparencia.640254

A diferencia de las dos ocasiones anteriores, el magistrado costarricense Luis Paulino Mora estuvo a punto de perder el puesto.

Las reformas al Código Penal de Costa Rica de 1998 permiten que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se reelijan casi automáticamente, luego de cumplir el período de ocho años para el que son elegidos por el Congreso. Lo anterior indica que para los magistrados hay una reelección automática, y solo el voto en contra de dos terceras partes de los miembros del Congreso puede impedirlo.

Según el fiscal general costarricense, Francisco Dall’ Anese, la ley implica que, una vez electo, un magistrado de la CSJ durará en el cargo "hasta que se jubile, renuncie o muera".

Pero, al parecer, el magistrado presidente de la Corte de Costa Rica estuvo a punto de perder el puesto, mas no por alguna de las razones antes expuestas; sino por demostrar rectitud e independencia en su labor como juez, así lo ha manifestado la prensa de su país.

Mora empezó su carrera judicial en el año 1969 como juez en Limón. Después de ocupar varios cargos en el escalafón, llegó a ser juez superior. En 1983 se le designó magistrado de la Sala Penal de la Corte. Luego, en 1986, pasó a formar parte del gobierno de Oscar Arias, donde ocupó el cargo de ministro de Justicia hasta 1989 cuando regresó a la Corte como magistrado de la Sala Constitucional. En 1993 fue elegido presidente de esa Sala, cargo que ocupó hasta 1998 cuando fue electo presidente de la alta corporación de justicia.

En Costa Rica, los presidentes del Órgano Judicial son electos por cinco años, por lo que Mora hoy día está cumpliendo su segundo período.

A pesar de ejercer tan alto cargo, Mora no es, como algunos, un hombre arrogante ni jactancioso; al contrario, se trata de un personaje en extremo sencillo y sin pretensiones.

— ¿A qué se debió que en esta última elección, a diferencia de las dos anteriores, no fue ratificado con una amplia mayoría... trataron de pasarle la factura por algún acto en particular?

—Efectivamente, en la última reelección, que como magistrado de la Sala Constitucional me hizo la Asamblea Legislativa de Costa Rica, saqué un buen número de votos en contra. No obstante que el voto es secreto y en tal razón no puede establecerse con certeza cuáles de los señores diputados votaron en mi contra y su motivo para hacerlo, dadas algunas intervenciones en el plenario, la formulación de varios cuestionarios que debí contestar y lo que se dice en corrillos legislativos, se puede concluir que lo ocurrido obedece a que se me pasó la factura por varios pronunciamientos de la Sala de la que formo parte, en los que concurrí con mi voto, que no gustaron a los diputados.

—El fiscal general de su país, Francisco Dall’ Anesse, dijo hace poco que la razón por la que estuvo a punto de perder el puesto fue que junto con sus colegas magistrados negó medidas cautelares a favor de dos ex presidentes que están siendo investigados por presuntos actos de corrupción. ¿Es cierto eso?

—Ese es uno de los motivos que se dice fue tomado en consideración por algunos para negarme el voto. Desde luego, por ser el voto secreto, no tengo pruebas para corroborar lo que se ha dicho.

-¿Se ha visto afectada la independencia judicial en su país?

—Si esa fue la motivación, desde luego que ello afecta la independencia judicial. El juez debe ser enteramente libre al momento de dictar sentencia; en una democracia la decisión de un juez obedece a lo dispuesto en la Constitución y las leyes y no debe existir ningún medio externo a él que permita incidir en su criterio. Una ilegítima intervención de los otros poderes del Estado le resta independencia al juez y, en consecuencia, no puede cumplir fielmente su cometido de dar a cada uno lo que es suyo.

— ¿Considera que las intervenciones de los otros poderes del Estado en el judicial es un mal que se presenta en la mayoría de los países de América Latina?

—Desde hace muchos años venimos trabajando en contra de ese mal. Es indudable que hoy los poderes judiciales de América gozan de una mayor independencia funcional frente a los otros poderes del Estado, pero la lucha no está ganada. La larga tradición caudillista que hemos padecido en el Continente ha dejado una poderosa cultura de intervención y no pocos gobernantes se han sentido legitimados para ocupar nuestros poderes judiciales. El espíritu democrático que ahora campea por nuestra querida América indiana exige que hagamos el mayor esfuerzo por erradicar esas malas influencias, para permitir que los jueces puedan cumplir su rol de garantes de los derechos ciudadanos, aun frente al propio Estado.

—¿Qué opina del hecho de que el Tribunal Electoral de su país haya decidido que se resuelvan todas las impugnaciones para proclamar al nuevo presidente de la República?

—Me parece una actitud prudente. Mientras no se hayan resuelto esas impugnaciones el proceso no está concluido y, en consecuencia, la declaratoria oficial de Presidente no puede, legítimamente, darse.

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