La infancia es la cadena más frágil de nuestra sociedad y, por ello, su protección es prioritaria y necesaria para construir futuros de desarrollo. Hoy conocemos que son 2 mil los niños y niñas abandonados que permanecen en instituciones, y cuyas posibilidades de encontrar un hogar sustituto disminuyen al mismo ritmo que se asientan los trámites burocráticos, la ineficiencia estatal o la simple incapacidad.

Panamá es signataria de tratados internacionales que consignan la prioridad en las políticas de asistencia de las personas menores de edad y, aunque no lo fuera, hay un deber moral por encima de cualquier ley o texto. Cuando estamos en plenas celebraciones estas noticias golpean las conciencias decentes y deberían, cuando menos, mover la rueda política para que muchas parejas dispuestas a dar un futuro a estos niños y niñas, puedan hacerlo y rápido.

Estos 2 mil seres humanos están siendo víctimas de un doble abandono: el de sus progenitores y el del Estado. Solventemos uno al menos.