FOTODENUNCIA En la unión está la fuerza

LA PRENSA|Bernardino Freire

ABANDONO | A los multifamiliares de Cabo Verde, en el corregimiento de Curundú, les hace falta “una manita de pintura”, para cambiar la imagen de “abandono y desidia” que proyectan y que no les favorece a quienes viven allí. Si el Ministerio de Vivienda aporta el material que se necesita para pintarlo y los residentes se encargan de la mano de obra el resultado sería positivo.

Oportuno el reportaje sobre las maras de Honduras

Interesante el artículo de la entrevista con líderes de las maras en Honduras, a lo que quisiera añadir que hay que felicitar al obispo auxiliar Rómulo Emiliani por la labor social y pastoral que viene realizando para regenerar a la joven población de maras y la búsqueda de justicia para muchos de ellos.Hay dos puntos importantes que menciona el reportaje: muchas de las acciones crimales que se les han imputado a las maras, han sido móviles o estrategias de intereses políticos y del crimen organizado que no han sido debidamente esclarecidos.Y el mal trato que se les da a los detenidos y la forma inhumana (tortura) con violación a los derechos humanos sin que el imputado haya sido juzgado o se haya comprado su culpabilidad, es digno de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos investigue esta situación, ya que es un hecho global no solo en Honduras, sino que debe ocurrir en El Salvador y en Guatemala.Para citar un caso, la matanza de personas inocentes ocurrida en diciembre del 2004 cuando fueron asesinadas varias personas en un autobús en el barrio Chamalecón, al primer detenido le dieron una golpiza inmisericorde sin aún tener pruebas de que este hubiera cometido el delito ni juzgado por los mismos. A los dos siguientes detenidos igual, se le dio a beber agua con heces humanas luego de encadenarlos, y por lo que tengo entendido, estos no pertenecen a grupos de maras.Uno de ellos es estudiante de derecho y el otro un humilde agricultor de pepinos organizador de un equipo de fútbol de niños en el pueblo en que vive.

El arresto del estudiante de derecho fue por represalia de un jefe policial contra la hermana de este, quien es a su vez abogada defensora privada y ha ganado casi todos sus casos. Asimismo, dicha abogada es amiga de una juez en Tegucigalpa, quien fue compañera de estudio, la cual también ha sido víctima de difamación de honor por parte del ex ministro de Defensa. La juez se ha visto en la necesidad de presentar una demanda contra el ministro y tengo entendido que está en proceso. Existen más detalles de este caso, pero no se pueden hacer comentarios de momento por estar pendiente el juicio a los dos mencionados imputados.

El gran deterioro de las cárceles en Honduras, el hacinamiento de las mismas, la rivalidad entre pandillas y el lento proceso de juzgamiento a los imputados, complican cualquier proceso para que los maras se puedan rehabilitar.Creo que el diálogo que han solicitado los líderes de los dos grupos pandilleros es bueno y la forma como el nuevo gobierno del presidente Manuel Zelaya ha acogido esta solicitud, me parece igualmente excelente y una gran oportunidad para comenzar a ver el problema de las maras de una forma más humana y racional y buscar la forma como se les puede ayudar a este grupo de jóvenes que son marginados por la sociedad y que no se les ha brindado la oportunidad a enmendarse de forma pacífica y buscar un futuro mejor en la sociedad.No es fácil el reto y creo que lo importante es que ambas partes pongan en la mesa de diálogo, comprensión a los problemas y buscar soluciones pacífica y positivas para que la regeneración de las maras se haga realidad.Algo que se debe igualmente tomar en cuenta, es combatir al crimen organizado y narcotráfico que en la mayoría de los casos han utilizado a los jóvenes para que ejecuten los delitos que ellos cobardemente no se atreven a hacer por temor a que los descubran.

Para esto, hay que unir una fuerza internacional de combate al narcotráfico en Centroamérica.Se debe hacer una auditoría exhaustiva de los archivos judiciales para identificar casos pendientes de juicios que por negligencia no han sido tramitados por muchos años.Conozco de dos casos donde personas inocentes permanecieron en las cárceles 20 años, sin que a los imputados se les hubiera nombrado un abogado defensor de oficio y ni siquiera juzgado. Estos imputados eran inocentes y se descubrió su caso por revisión ocasional de unos archivos.

Félix A. Young

Cifras inconsistentes de una vieja deuda

Un sonado caso de morosidad que pareciera de nunca acabar es el de los trabajadores afectados por la Ley 25 de 1990 pertenecientes al antiguo IRHE. Un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos les dio la razón a sus reclamaciones y condenó a Panamá a pagar una suma millonaria en indemnización. Con cierta regularidad vemos que los beneficiarios de ese fallo protestan frente a las oficinas de ministerios y otros despachos públicos exigiendo su pago, siendo una protesta reciente la reportada en La Prensa del miércoles 15 de febrero. Una nota de esa edición informa del reclamo en el pago de "cerca de 40 millones de dólares en concepto de salarioscaídos".Pero la edición del martes 21 de febrero nos habla de otra cifra en su página 39A.

En noticia de finanzas públicas se informa que el gobierno solamente les reconoce a esos trabajadores una deuda de 20 millones.Viendo tamaña incongruencia, busqué información sobre este caso en ediciones anteriores de La Prensa, encontrando que la suma adeudada a los afectados de la Ley 25 ha sido inconsistente a través del tiempo.

En adición a la diferencia anotada de entre 20 millones y 40 millones, algunas veces también se ha mencionado la cifra de 50 millones, en otras de 70 millones , de 80 y hasta de 90 millones adeudados.En ningún caso parece haberse publicado una cifra oficial confiable al respecto, que me imagino deberá ser confirmada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.Como se habla de diferencias nada despreciables por decenas de millones de dólares, recomendaría a La Prensa una investigación a fondo que nos permita conocer cuál es por fin la cifra real de esa interminable deuda del Estado.

Ricardo M. García

Multicentro expresa su punto de vista

El objetivo es hacer de su conocimiento nuestro punto de vista con respecto a la publicación del pasado miércoles 15 de febrero, en la sección Vivir+, página 3B gastronomía -sobre el artículo de Aristologa con respecto al Restaurante El Amir y Multicentro.Estamos muy conscientes que la misma se dedica a visitar restaurantes y da sus opiniones sobre la comida y servicio respectivo, haciendo una evaluación a su criterio sobre el restaurante en sí.

Como Administración del Centro Comercial, agradecemos sus comentarios sobre el Restaurante El Amir, sin embargo, el comentario introductorio no fue pertinente con respecto al tema que siempre trata: "evaluación de la gastronomía en Panamá", perjudicando aún más la imagen del Centro Comercial que con tanto esfuerzo trabajamos diariamente para mejorar en todos los aspectos, y comentarios como éste no contribuyen.

Consideramos a La Prensa, empresa seria y objetiva en todas sus noticias y comunicaciones, por lo que solicitamos el derecho a réplica ofreciendo a Multicentro un reportaje sobre las mejoras y proyectos que estamos y estaremos implementando para ofrecer al panameño y turista lo mejor en cuanto a compras, diversión y sano esparcimiento.

Stephen Lambert, gerente general

El miserable salario del funcionario judicial

La Prensa publicó una noticia donde da cuenta de que la magistrada Graciela Dixon "descubrió" ahora que hay funcionarios judiciales que devengan salarios inferiores al minino. Quiero decirle que esto ocurre desde hace muchos años, incluso hay salarios de 260 dólares al mes y ellos no pueden dedicarse a ninguna actividad remunerada, fuera de las horas de oficina. En Darién, hay funcionarios que ganan entre 260 y 400 dólares al mes, y un tanque de gas cuesta B/.6.50. Ya es hora que se dignifique al funcionario judicial.

Raúl Trejos

La política de las políticas públicas

Un nuevo informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), titulado "La política de las políticas públicas", examina los mecanismos que diversos países de la región utilizan para formular e implementar sus políticas públicas. Entre las conclusiones de ese informe de 290 páginas, comentado en La Prensa de 18 de febrero ("Panamá tiene débiles políticas públicas"), se destacan ciertas flaquezas institucionales de la administración estatal panameña como la carencia de un sistema de organización de dichas políticas.También se acusa a la burocracia panameña de "clientelista" y "disfuncional" en la que los méritos del servidor público son escasamente reconocidos.

En meritocracia de funcionarios, mientras Brasil alcanza calificación de 87 en una escala de cero a 100, Panamá apenas llega a una de 3. En la escala de capacidad de sus burocracias, Brasil obtiene nota de 61, mientras Panamá solo una de 13.Institucionalmente, Panamá sigue teniendo pendiente desde hace más de una década el establecer un despacho o entidad gubernamental que sea responsable de la definición, coordinación y supervisión –no planificación– de las políticas del Estado. En 1990, gracias al apoyo de organismos internacionales como la Usaid, el Banco Mundial y el BID, se creó con estos propósitos una oficina que en los últimos años se ha conocido como la Unidad Técnica de Políticas Públicas (UTPP). Operando solamente en calidad de proyecto del PNUD hasta por lo menos 2004, la UTPP aún no ha adquirido la condición de dirección institucional, mucho menos de despacho público, que su funcionamiento requiere.

Nunca establecida por ley o decreto ejecutivo alguno, la oficina que debiera regentar las políticas públicas es simplemente una "unidad técnica" sin aceptación administrativa que ni siquiera posee una condición legal definida. Las principales posiciones dentro de su personal continúan bajo la contratación del PNUD con recursos financiados por el Banco Mundial o el BID y no cuentan, por tanto, con el carácter de servidores públicos.Han sido varias las propuestas de formalización legal y administrativa de esta Unidad Técnica que a través de los años se han presentado para consideración del Órgano Ejecutivo.

Lamentablemente, a la fecha ninguna ha materializado, situación que mantiene el informal estatus de esa oficina en un limbo jurídico.Si en Panamá se desea mejorar las políticas públicas, una que con alarma ha sido analizada en el mencionado informe, se debe comenzar la tarea resolviendo las deficiencias institucionales de la presente estructura. Su permanencia impedirá cualquier progreso real y efectivo en esta materia.

Fernando Gómez Arbeláez