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LA ENTREVISTA
‘Hay que poner al Estado a funcionar’
Para el defensor del Pueblo, es fundamental que se impulse
la implementación de la carrera administrativa.
| LA
PRENSA/Jihan Rodríguez |
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| ABOGADO. Su antecedente como fiscal no
fue un obstáculo para el cargo de Defensor ejercido por Juan Antonio Tejada.636796 |
Lina Vega Abad
lvega@prensa.com
Satisfecho y más sensible. Así deja la Defensoría
del Pueblo Juan Antonio Tejada, tras cinco años de esfuerzos por hacer
avanzar en Panamá la causa de los derechos humanos. Y aunque está
convencido de que hoy los panameños son mucho más conscientes de
sus derechos, menciona lo que llamó "una brecha entre lo que hemos
avanzado en materia de sociedad democrática y la institucionalidad".
"Aquí hay un déficit, y es lo que produce
ruido... mucho ruido", comentó Tejada en entrevista con este diario,
pocas semanas antes de dejar el cargo que ocupó durante cinco años.
Logros y avances
Tejada explicó que durante su gestión, la Defensoría
del Pueblo ha estado enfocada en dos áreas: descentralización y
especialización. Y todo "fortaleciendo su capacidad mediadora y promotora
de educación en derechos humanos".
- ¿Cómo se ha materializado ese proceso descentralizador?
"Con mucha dificultad, hemos abierto oficinas en Colón,
Las Tablas, Santiago y David. Y a pesar de que no logramos convencer al Gobierno
para que nos dieran el presupuesto necesario, logramos apoyo ciudadano al principio,
y luego los recursos internos administrando mejor lo que tenemos".
El tema de una mejor administración de los recursos preocupa
mucho a Tejada, quien logró —aplicando la frase de Albert Einstein
de que la creatividad es más importante que el conocimiento— hacer
eficientemente su trabajo a pesar de la reducción de su presupuesto original
de 2.8 millones de dólares a 2.3 millones, durante la pasada Administración.
Con relación a la especialización, se ha trabajado
con grupos humanos vulnerables como los privados de libertad, enfermos de sida,
homosexuales, niños y niñas sin identidad, trabajadoras del sexo,
etc.
- ¿Por qué este abandono del Estado a los privados
de libertad?
"Por falta de conciencia y sensibilidad. Hoy, el Estado
comienza a reaccionar porque la sociedad empieza a reaccionar. La agenda política
del Estado tiene mucho que ver con la agenda de las preocupaciones ciudadanas".
Tejada apuntala su argumento con un ejemplo: "cuando la
Defensoría empezó a trabajar con los privados de libertad, no pocos
me calificaron como el defensor de los delincuentes (...) se decía que
queríamos transformar las cárceles en hoteles". Por eso, agrega,
"cuando se procura sensibilizar al Estado sobre una materia y aún
la ciudadanía no tiene conciencia sobre la importancia del tema, difícilmente
se logra una reacción positiva del Estado".
Para el Defensor del Pueblo el tema es, además de un imperativo
en la defensa de los derechos humanos, un asunto ineludible en materia de política
criminológica. "El no darle un debido tratamiento al tema, convierte
a las cárceles en la universidad del crimen, provocando la reincidencia
de la criminalidad".
Otra tema fundamental para el Defensor saliente, es el de la
protección a la libertad de expresión. "Tal vez esta agenda
no ha sido tan rápida como hubiéramos querido, pero hay que reconocer
que hemos avanzado".
En este tema, como en el de la protección al medio ambiente,
la conciencia ciudadana es fundamental. "La ciudadanía empieza a tener
una altísima sensibilidad sobre los temas ambientales y su derecho a una
mejor calidad de vida (...) hace unos años había mucha confusión
y no se relacionaba el medio ambiente con los derechos fundamentales ".
-¿Cómo se ha manifestado ese cambio?
"Los panameños han pasado del lamento a la queja,
al comenzar a apoderarse de los principios y valores democráticos. Antes
no se recurría a las instituciones a reclamar (...) en un año hemos
recibido más quejas que las que recibió la Defensoría en
sus cuatro primeros años de gestión".
Tejada cita como ejemplo el caso de la empresa Pametsa cerrada
después de que la Defensoría consiguiera las pruebas de los que
venían alegando los residentes de Pedregalito. "Por 11 años
solicitaron inútilmente la tutela del Estado en materia de salud".
Transparencia y eficacia
Tal vez uno de las mayores logros de la Defensoría durante
la gestión de Tejada sea la creación del "Nodo de Transparencia",
donde se publica (en la página de internet de la institución) la
planilla de las instituciones del Estado.
- ¿Cómo surge esta idea?
"Cuando se inició la discusión de la ley de
acceso a la información pública, me preocupaba que quedara –como
tantos otros casos en materia de derechos humanos– como un poema romántico
más. Por eso analizamos la ley y decidimos darle un impulso al artículo
11 que levantó el velo del secreto de los salarios".
Tejada relata que, además, logró sentencias a su
favor en todos los casos de hábeas data que presentó para hacer
efectivo el derecho a la información.
En el nodo están además, las declaraciones de bienes
de aquellos funcionarios que han decidido de forma voluntaria hacerlas públicas.
Y, dando el ejemplo, está la suya junto a su declaración de renta,
"para que puedan cruzar información", explica.
Su agenda sobre transparencia llamó la atención
del Consejo Andino de Procuradores de Derechos Humanos, que invitó a Panamá
a ser miembro de la agrupación. "Hasta ese momento, la lucha contra
la corrupción no había ocupado las agendas de las defensorías
del pueblo y eso llamó mucho la atención", explicó.
-Este tema me hace recordar la existencia de la prueba sumaria
que ha sido un obstáculo en la lucha contra la corrupción. ¿Cómo
explica su existencia?
-"No se entiende, yo no lo entiendo (...) cuando se publicó
la primera edición de la Ley de Transparencia, comenté en el prólogo
que recomendaba establecer una unidad de seguimiento en la Contraloría
para investigar el incremento patrimonial del funcionario teniendo como basamento
solo un indicio leve (...) No hay justificación de la prueba sumaria (...)
a veces hay temores y aprensiones, pero solo se necesita garantizar que la Contraloría
y el Ministerio Público puedan realizar investigaciones imparciales".
- ¿Cómo pudo hacer el cambio de la formalidad
jurídico penal propia de su etapa como fiscal, a su trabajo en la Defensoría?
"No me costó (...) gozo siendo abogado".
- Pero la formalidad jurídica va por otro lado...
"Cuando uno quiere (...) ninguna ley puede ser llevada
al absurdo en su interpretación y todo depende de la voluntad de realizar
una agenda anticorrupción y establecer una estrategia para ello".
Con respecto a los temores que algunos han expresado como justificación
para no hacer pública su declaración de bienes, Tejada comentó
que se trata de "las nuevas reglas de la Administración Pública
y el que que no quiera someterse a ellas, que no sea funcionario".
El futuro
Juan Antonio Tejada lo tiene muy claro: el gran reto de quien
le suceda en el cargo será que se profesionalice la Administración
Pública. "En la medida en que sigamos con bajos niveles de profesionalismo,
el trabajo de la Defensoría del Pueblo se incrementa y esto produce incomprensiones
sobre la institución, pues algunos vienen a lograr una respuesta y quien
da respuestas no es la Defensoría (...) somos un camino, un puente... podemos
acompañar al ciudadano como su abogado –en el sentido más
amplio de la palabra– pero no le podemos garantizar resultados".
En ese camino, ve imprescindible la implementación de
la carrera administrativa. "Pero no una carrera administrativa llamada a
garantizar estabilidad al funcionario, eso es solo una parte (...) es la estabilidad
del buen funcionario, el que presta un buen servicio. La carrera administrativa
no es una garantía para los servidores, sino una garantía para el
ciudadano".
Por ello, remata, "mientras haya un Estado ineficiente y
poco sensible frente a algunos derechos, la labor de la Defensoría será
más difícil. El gran reto entonces es poner al Estado a funcionar".
PERFIL
 Abogado
por la Universidad de Panamá (1985), cursó estudios doctorales en
la Universidad Complutense de Madrid (1986-87).
Ejerció la práctica privada hasta 1995, cuando
pasó a ocupar el cargo de fiscal superior hasta 2001 cuando inicia su mandato
de cinco años en la Defensoría del Pueblo y llegó a presidir
el Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos, y culmina su mandato
el 31 de marzo, cuando pasará al ejercicio privado del derecho.
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