VÍA MARÍTIMA.

Temor por envío de material nuclear

PANAMÁ, R.P. - Son pocos los temas en que la posición del Gobierno panameño se ha mantenido constante a lo largo de las presidencias de Pérez Balladares, Moscoso y Torrijos, pero uno de ellos es la política de silencio y encubrimiento sobre el peligro —potencialmente catastrófico— que nos representa el tránsito de material nuclear por el Canal. Como bien señaló un comunicado esta semana del Comité Panameño por los Derechos Humanos, "la clase política panameña, consciente y conocedora del peligro ... permanece indiferente ante el tránsito por el Canal de materiales altamente radiactivos, a pesar de las advertencias y denuncias públicas formuladas por la sociedad civil".

El peligro no es tanto que ocurra un mero accidente —el administrador Alberto Alemán asegura que "si se hunde [un barco de estos], no pasa nada"— sino que un acto violento podría provocar una explosión catastrófica del material radioactivo vitrificado. Dada la situación actual en el mundo, el riesgo terrorista no se puede descartar.

El transporte de desechos nucleares es un negocio compartido por Inglaterra, Francia y Japón, quienes cómodamente han creado un esquema de transporte nuclear que para conveniencia suya —no la nuestra— pasa por el Canal de Panamá. También pasa por las aguas de muchos otros países que están alarmados por el peligro de un ataque terrorista contra estos cargamentos. Apenas una semana después del 11 de septiembre de 2001, la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA, por sus siglas en inglés) celebró una reunión en Viena para discutir el problema.

Nueva Zelanda y Chile lideraron los países que objetan al peligro al que involuntariamente se encuentran expuestos cada vez que un cargamento nuclear pasa por sus mares. Nueva Zelanda señaló que sus preocupaciones son compartidas por sus vecinos y se basan "en un calculo frío del daño ambiental y económico en el caso de un incidente". Chile subrayó que "ningún país puede garantizar que no haya nada que temer del transporte marítimo de material radioactivo". Chile tildó de "inaceptable" que los países afectados sólo sean notificados con 24 horas de aviso, lo que para Chile es "una violación clara de las normas internacionales de buena conducta y de los principios básicos del derecho internacional". Que no haya habido un incidente hasta ahora no es garantía de que jamás haya uno, puntualizó Chile.

La postura de Chile y Nueva Zelanda fue apoyada por Colombia, Nigeria, Brasil, Ecuador y Uruguay, pero las grandes potencias nucleares se opusieron. Inglaterra, Francia, Japón, Estados Unidos y Canadá supieron imponerse y la reunión de la IAEA terminó con una resolución que no exigía nada en medidas adicionales de seguridad ni imponía responsabilidad completa sobre los países transportistas en el caso de una catástrofe. Otras resoluciones desde entonces son más de lo mismo y el tema sigue "revisándose"; incluso hay un informe de la IAEA sobre Panamá que no pude obtener a tiempo para esta columna.

Pero quiero subrayar que Panamá, uno de los países más expuestos al riesgo de estos cargamentos, no dijo absolutamente nada en esa reunión de 2001 en la IAEA. El acta del encuentro no muestra si es que Panamá eligió no asistir o si simplemente no habló, pero el resultado es igual: indiferencia, silencio, encubrimiento.

Se nos dice constantemente que bajo administración panameña, el Canal es un negocio en que todos somos socios. Pues bien, bajo esa teoría, debemos preguntar lo siguiente: ¿Quién paga por la seguridad adicional que estos cargamentos requieren? Si el Canal es indefendible, ¿cómo puede haber seguridad que valga? Se nos dice que Estados Unidos "impedirá los actos terroristas contra el Canal" (La Prensa, 20 de octubre de 2002) pero ¿Qué quieren decir con eso? ¿Qué protección tienen estos barcos contra aviones suicidas? Con la enormidad del posible desastre, ¿qué seguro tiene la empresa dueña de estos buques? ¿Tiene un seguro ilimitado como requiere el Canal de Suez? Si el ataque terrorista ocurre mientras un piloto canalero está al mando del buque, ¿significaría que la responsabilidad por el desastre recae sobre nosotros los panameños? ¿Dónde está el análisis de riesgo? ¿Dónde está el estudio de impacto ambiental?

Como el Gobierno panameño y la Autoridad del Canal no responden a estas inquietudes, el Comité Panameño por los Derechos Humanos y otras organizaciones han demandado al Gobierno de Panamá ante el Tribunal Latinoamericano del Agua. Se celebrará una audiencia a mediados de marzo y solo nos queda anhelar que de allí salga alguna disposición que nos proteja de este riesgo.

La autora es corresponsal de La Prensa

• La pataleta de Sandalio: Daniel R. Pichel
• La ampliación del Canal y la ética profesional: Martín Isaac Donderis
• Temor por envío de material nuclear: Betty Branan Jaén
• Arrinconados por el TLC ¿y ahora?: Gaspar García de Paredes
• Una ciudad sin salida: Rogelio Pinilla