El derecho que tiene todo trabajador -ya sea público o privado- al disfrute de vacaciones, es innegable; pero eso no es lo que critica la ciudadanía; al contrario, nadie se opone al legítimo goce del merecido descanso laboral.

Lo que resulta ofensivo, es pretender justificar lo injustificable. Y aun suponiendo que un ser humano resista 15 años de extenuantes labores sin pausa alguna, constituye una irresponsabilidad no tomar las provisiones gerenciales para evitar afectar las arcas estatales con una erogación de la magnitud que ahora pretenden reclamar los magistrados del Tribunal Electoral. Legalmente el derecho es incuestionable, pero éticamente no tiene asidero alguno.

Es una bofetada a la sociedad y una forma censurable de cerrar la hoja de vida en el sector público. Cuando el descaro vence a la honorabilidad, es poco lo que resta por hacer. Pero, aprendamos de los errores para que no se vuelva a repetir una barbaridad semejante. Confiamos que lo primero que ingrese a la Asamblea en marzo, sea el tema de la acumulación de vacaciones de funcionarios, para que no nos golpeemos con la misma piedra otra vez.