| KUZNIECKY INVOCA LA LEY.
Contralor reprocha decisión de la Corte
Rolando Rodríguez B.
rrodriguez@prensa.com
El contralor general de la República, Dani Kuzniecky, no esperaba un fallo con los argumentos que esbozó el magistrado ponente Alberto Cigarruista en el caso contra el ex ministro Norberto Delgado, acusado de enriquecimiento injustificado.
Pero el fallo está en firme desde el pasado 1 de febrero –informó– y anula por completo la investigación. Los argumentos de la Corte, empero, no lo convencen de haber violado el debido proceso, como afirma el fallo.
Kuzniecky citó artículos de la Constitución Política en los que encontró justificación para su actuar. Uno de ellos es que al Ministerio Público le corresponde "vigilar la conducta oficial de los funcionarios públicos..."; "perseguir los delitos y contravenciones de disposiciones constitucionales o legales"; y "defender los intereses del Estado".
De ahí que la Procuraduría General de la República debía ser notificada –dijo– de la resolución que anulaba el caso contra el ex ministro Delgado.
"Lógicamente, por ser parte en las investigaciones realizadas por la Contraloría General, el Ministerio Público podía interponer los medios de impugnación –incluyendo los recursos– establecidos en nuestro ordenamiento jurídico..." en contra de la resolución de la Contraloría que anulaba la investigación contra Delgado.
También citó Kuzniecky un artículo de la Ley No. 38 de 31 de julio de 2000, según el cual las entidades públicas solamente pueden revocar o anular una resolución en la que se declaren derechos a favor de terceros en supuestos como el siguiente: "en contra de la decisión de revocatoria o anulación, puede el interesado interponer dentro de los términos correspondientes, los recursos que le reconoce la Ley", cosa que hizo el Ministerio Público cuando solicitó a la Contraloría que reconsiderara la decisión de anular la investigación contra Delgado.
Kuzniecky sostuvo que es deber de esta entidad coordinar su labor con el Ministerio Público en las investigaciones y procesos que lleven a cabo, a fin de que cada una cumpla con la Constitución y la Ley.
Si no hubiese notificado a la Procuradora de la anulación del caso –advierte Kuzniecky– ello sí "hubiera constituido una violación ostensible de las normas antes citadas".
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