¿Quién hace cumplir las leyes sanitarias en el país? La pregunta debería ser retórica, pero lo cierto es que no se sabe a ciencia cierta quién nos protege contra abusos y anomalías de personas que utilizan el territorio nacional como vertedero. Hemos sido testigos de cómo una empresa contaminante ha operado durante años sin los permisos sanitarios y cuando se logra finalmente el cierre de su producción nociva, la fábrica –en abierto desafío a las autoridades– arranca otra vez sus chimeneas asfixiantes.

Ahora interviene otra entidad estatal y ordena otro cierre de la misma empresa. Quedamos perplejos, pues todo este ir y venir pone en evidencia la debilidad del andamiaje jurídico y coercitivo del Estado, agravado por la falta de seguridad jurídica. Y eso es peligroso. Panamá tiene la oportunidad de lograr un desarrollo sostenible y ejemplar.

Pero, también corre el riesgo de repetir errores por el afán de atraer la inversión fácil e inmediatista. Preparémonos como país para proteger con rigurosidad y sin amiguismos lo que más vale.