JUBILACIÓN OBLIGATORIA.

Ley Faúndes se aplica en la Universidad de Panamá

LA PRENSA/Archivo

No puede haber profesores con más de 75 años. 617569

Son 51 docentes de la Universidad de Panamá los que se incorporaron al grupo de funcionarios que ha dejado forzadamente el servicio público, tras aplicársele la denominada Ley Faúndes, que establece como causa especial de inhabilitación para ocupar cargos públicos tener 75 años o más.

La información la proporcionó el propio rector de ese centro universitario, Gustavo García de Paredes, quien explicó que la medida entró a regir a partir del pasado 31 de diciembre. La jubilación alcanza a docentes de casi todas las facultades, principalmente de Medicina, Derecho, Humanidades, Comunicación Social y a algunos centros regionales.

Y es que en agosto de 1998, bajo la administración del entonces presidente del país Ernesto Pérez Balladares se aprobó la referida norma que contenía un solo artículo: "Los servidores públicos nombrados en cargos de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial y en los municipios, salvo los de elección popular, así como en las entidades autónomas y semiautónomas, que tengan 75 años, deberán retirarse definitivamente del servicio público y acogerse a la pensión de vejez a que tengan derecho por parte de la Caja de Seguro Social".

La norma fue acusada de inconstitucional, pero el pleno de la Corte Suprema de Justicia, en julio de 1999, la declaró constitucional.

Dos años más tarde, en el año 2001, ahora en el Gobierno de Mireya Moscoso, la disposición fue modificada. Se le incorporó un párrafo a ese solo artículo en el que se exceptuaba de esa prohibición a docentes de universidades oficiales y los funcionarios del cuerpo diplomático.

Pero la historia no quedó allí. El ex ministro Nánder Pittí demandó la inconstitucionalidad de ese último párrafo, tras argumentar que establecía un privilegio. En junio de 2005, bajo la ponencia del magistrado Aníbal Salas, la Corte acogió ese criterio y declaró inconstitucional esa excepción.

Con ese antecedente, García de Paredes acudió al procurador de la Administración, Óscar Ceville, para consultarle si la Universidad de Panamá tenía que aplicar el mencionado fallo. Su preocupación estribaba, según dijo, en que el semestre académico estaba en trámite y que una medida de esa naturaleza perjudicaría al estudiantado con el reemplazo de los profesores a mitad de curso.

La respuesta de Ceville fue tajante: "Aún cuando la Universidad de Panamá, haya incluido en la organización docente del segundo semestre del año académico 2005, a profesores en edad de retiro obligatorio (...) éstos se encuentran obligados a retirarse del servicio público...".

Ahora, la Universidad de Panamá recurre a su "base de datos" en busca del reemplazo de los 51 docentes a quienes se les aplicó la ley por estar pasados de edad.

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