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LEY 2 DE 2006. PESE
A LA OPOSICIÓN DE MORADORES Y AMBIENTALISTAS, LA NORMA FUE SANCIONADA.
Concesiones de islas por 90 años
El término de la adjudicación es a 60 años
con opción a una prórroga por 30 años más.
| LA
PRENSA/ Jihan Rodríguez |
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| CONTADORA. Ahora a los inversionistas les
será más fácil desarrollar proyectos turísticos en
islas y costas de Panamá.617600 |
Leonardo Flores
lflores@prensa.com
La recién sancionada "ley insular", promovida
por el Ministerio de Economía y Finanzas, ha encontrado una férrea
resistencia de moradores e inversionistas de las áreas costeras de Bocas
del Toro y de Colón, quienes alegan que perderán las tierras que
han ocupado por generaciones, debido a que carecen de títulos de propiedad.
Además, manifiestan que tal y como está concebida la ley no deja
claro cómo queda el tema de tierra firme. Otros alegan que el período
de la concesión es muy largo.
LA NUEVA LEY
La Ley 2 de enero de 2006 establece que las concesiones serán
por un término de 60 años con la opción de prórroga
por 30 años más. Este trámite requiere de convocatoria pública
conforme a la reglamentación que establezca el Ministerio de Economía
y Finanzas.
Además, estipula que las servidumbres de playa no podrán
ser inferiores a 22 metros, contados a partir de la línea de alta marea,
pero en aquellos casos en que las servidumbres no puedan ser de 22 metros, la
Dirección de Catastro con el Ministerio de Vivienda, la Autoridad Nacional
del Ambiente y la Autoridad Marítima de Panamá harán la determinación
de la distancia.
La norma también crea la Ventanilla Única y Especial
en la Dirección de Catastro, exclusiva para el trámite y la aprobación
de solicitudes de concesión, con la facultad de fiscalizar que se cumplan
las leyes correspondientes.
Señala la ley que la enajenación de las áreas
declaradas de desarrollo especial, no podrá exceder del 50% de la superficie
total del territorio de cada isla, ni podrá ser traspasada al dominio de
otro Estado. Los proyectos turísticos que se ejecuten en las áreas
declaradas como de desarrollo especial, no podrá exceder del 30% de la
superficie total de cada isla. En todo caso, los proyectos turísticos deberán
conservar el 30% de la visión paisajística de la zona costera insular.
El tema de la tenencia de la tierra no es el único que
preocupa. La discusión también gira en torno a la protección
del ambiente. Los ecologistas califican el proyecto de "nefasto y antipatriótico
porque privatiza las costas y las islas, y provocará daños a la
naturaleza".
Este proyecto "desata la especulación de tierras
y la consecuente destrucción del ambiente (...) sabemos que detrás
de este nefasto proyecto ha habido triquiñuelas y se demuestra corrupción
por un lado y oportunismo de los allegados del Gobierno por el otro", detallaban
comunicados distribuidos durante las sesiones en la Comisión de Hacienda
de la Asamblea Nacional.
La nueva ley encontró un peculiar opositor. El diputado
bocatoreño Benicio Robinson, miembro del oficialista Partido Revolucionario
Democrático se opuso férreamente durante el primer debate del proyecto,
pero al final votó a su favor.
El proceso de discusión del proyecto también se
vio empañado por los escándalos de falsificación de las firmas
del representante de Cuango, Ginés Góndola y de la alcaldesa de
Santa Isabel, Yira Molinar, en la resolución en que se anunciaba el apoyo
de la iniciativa gubernamental .
A pesar de todos los cuestionamientos, el director de Catastro
del Ministerio de Economía y Finanzas, Benjamín Colamarco, argumenta
que la norma "es un instrumento que garantiza la tenencia de la tierra, estimula
la inversión turística y desarrolla otras leyes".
El Ejecutivo piensa igual y lo demostró ayer, ya que en
medio del paradisíaco paisaje de Bocas convirtió en ley de la República
el "proyecto insular".
Ahora, la Dirección de Catastro y los municipios deben
levantar un estudio de propiedad de las tierras estatales que han sido declaradas
áreas de interés turístico nacional y delimitar las áreas
que podrán darse en concesión, respetando títulos y derechos
posesorios.
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