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Poca transparencia sobre cabilderos

PANAMÁ, R.P. - Cuando el canciller de la República, el embajador ante la Casa Blanca, y los archivos del Departamento de Justicia estadounidense dan informaciones distintas sobre un hecho, esas inconsistencias ciertamente indican una falta de transparencia sobre el tema, por no acusar algo más grave. En este caso, las inconsistencias tienen que ver con los nuevos cabilderos contratados en Washington, supuestamente para promover el tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos.

Como reporté desde el 5 de noviembre del año pasado, documentos del Departamento de Justicia (que enviaré a quien los desee) indican inequívocamente que Susan Molinari, la ex congresista republicana que preside la empresa de cabildeo The Washington Group, informó oficialmente al Gobierno estadounidense que el Gobierno de Panamá la había contratado por medio de "un contrato oral" que entró en vigencia el primero de octubre de 2005. Ella dijo en esos documentos que Panamá le pagaría 25 mil dólares al mes por un periodo de 15 meses.

Antes de reportar eso, documentos en mano, tuve la precaución de preguntarle al canciller, Samuel Lewis Navarro, sobre la contratación de Molinari. Él respondió que "estamos evaluando" la contratación de estos nuevos cabilderos "pero no hemos firmado contrato". (Ver noticia publicada 5 de noviembre de 2005). A fines de diciembre, el canciller nuevamente me dijo que "no hay, en estos momentos, un contrato con la señora Molinari" (Ver mi columna del 25 de diciembre).

Por las declaraciones reiteradas del canciller, me sorprendió leer en La Prensa del 28 de diciembre, en primera plana, que el embajador panameño en Washington, Federico Humbert, había señalado que "la firma The Washington Group fue contratada por el Gobierno panameño para respaldar el proceso de cabildeo del tratado de libre comercio (TLC) en el Congreso de Estados Unidos, una vez concluyan las negociaciones". La misma noticia indicó que "la firma contratada" cobrará 26 mil 500 dólares al mes.

Como ven, hay contradicciones sobre el estatus del contrato con Molinari, el momento en que sus obligaciones se inician, y el dinero que cobrará. También hay inconsistencias en cuanto a las tareas asignadas a la empresa de Molinari. Humbert dijo que "una de las tareas de la firma será explicar al Congreso que el TLC con Panamá no es lo mismo que el polémico tratado con Centroamérica", pero Molinari enumeró una lista mucho más amplia de tareas en los documentos entregados al Departamento de Justicia. Según Molinari, su empresa hará cabildeo a favor del "PFTA" [Panama Free Trade Agreement] pero también creará una lista de las empresas estadounidenses que "tienen un interés fuerte en acceso barato y expedito por el Canal, y por ello, un interés en la expansión del Canal". Molinari incluso informó a su gobierno que ella gestionará apoyo político para el TLC en los estados que tienen industrias que se benefician del Canal. En otras palabras, ella estará promoviendo la expansión del Canal de Panama, un proyecto que el pueblo panameño no ha visto aún y mucho menos ha aprobado.

Por último, Molinari dijo al Departamento de Justicia que su empresa creará un Panamanian Congressional Caucus -o grupo de apoyo para Panamá en el Congreso- y se ocupará de las "relaciones militares Estados Unidos-Panamá". El canciller me negó que Panamá le ha asignado esto último a Molinari, puntualizando que "aquí no hay militares", pero tanta confusión en cuanto al contrato de Molinari -junto a la constante sospecha de que este gobierno torrijista tiene matiz militar-me ha creado dudas sobre el cómo y el por qué de que Molinari afirme que sus deberes incluyen ocuparse de "relaciones militares" entre Panama y Estados Unidos.

Cuando regrese a Washington esta semana, verificaré en el Departamento de Justicia si Molinari ha presentado nuevos documentos que aclaren estas contradicciones, pero, mientras tanto, debo precisar que es cierto que Panama le pagará a Molinari menos que los 44 mil dólares mensuales que el gobierno de Mireya Moscoso le pagaba a su empresa cabildera pro TLC. Pero también es cierto que Moscoso no tenía bajo contrato al cabildero Raúl Romero, que está cobrando 26 mil dólares mensuales. Entre Molinari y Romero (sin contar el bufete Arnold and Porter), los cabilderos del gobierno torrijista en Washington costarán más de 50 mil dólares al mes.

No hay nada de malo en eso, porque los cabilderos son un mal necesario en el esquema político de Washington. No obstante, transparencia requiere que vigilemos cuidadosamente quién se ha contratado, a qué precio y para cuál propósito.

La autora es corresponsal de La Prensa

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