ESCÁNDALO.

Los espías entre nosotros

MIAMI — El 2006 comenzará muy movido para el presidente norteamericano George W. Bush. La pregunta es si Bush violó la ley al autorizar, sin una orden judicial previa, el espionaje de llamadas telefónicas y correos electrónicos de cientos, o quizás miles, de ciudadanos estadounidenses.

Bush asegura que actuó legalmente. Sus críticos en el Partido Demócrata no están tan seguros. Sólo una investigación independiente lo podría determinar.

Bush dio la orden a la Agencia Nacional de Seguridad de "interceptar las comunicaciones internacionales de gente que tenía vínculos conocidos con Al-Qaeda y otras organizaciones terroristas", según confesó en un reciente mensaje radial a la nación. La versión oficial sugiere que las conversaciones que se espiaron eran de personas en Estados Unidos comunicándose con otras en el extranjero. Pero eso no está muy claro; es posible que también se hayan espiado contactos hechos dentro del país.

La ley de espionaje autorizada en 1978 (Foreign Intelligence Surveillance Act) es inequívoca. Está prohibido espiar a ciudadanos norteamericanos en Estados Unidos. Punto. Pero si es preciso hacerlo, por la sospecha de que se trate de agentes extranjeros o terroristas, primero hay que pedir permiso al juez de una corte especial. Si eso no se hace, se viola la ley.

Bush, sin embargo, asegura que actuó "de acuerdo con la ley de Estados Unidos y la Constitución". Eso, desde luego, está por verse. Por eso es importante que se realicen audiencias congresionales o que se nombre a un investigador independiente. El gobierno de Bush no se puede investigar a sí mismo. Y mientras haya esa duda, su presidencia estará enlodada.

Y esa duda ya está teniendo sus consecuencias. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) compró una página completa del diario The New York Times en la que aparece la fotografía de Bush junto a la del ex presidente Richard Nixon, quien fue obligado a renunciar por violar la ley.

El primer párrafo del anuncio decía: "La última vez en que un presidente de Estados Unidos dijo que él sólo tenía el poder unilateral de espiar llamadas telefónicas sin una orden judicial, el incidente terminó con una desgracia nacional conocida como el escándalo de Watergate". Watergate no es el único caso. Entre 1952 y 1974, el gobierno mantuvo información secreta sobre unos 75 mil estadounidenses, muchos de ellos por el simple hecho de oponerse a la guerra en Vietnam.

Son los espías entre nosotros. Bush ya reconoció públicamente que dio la orden de espiar a partir del 2002. Pero ¿eso es legal?

El argumento del presidente está basado en su guerra contra el terrorismo. El dice que dos de los terroristas que lanzaron el 11 de septiembre del 2001 un avión contra el Pentágono — Nawaf Alhazmi y Khalid al-Mihdhar— hablaron desde Estados Unidos con otros miembros de Al-Qaeda en el exterior y que su gobierno se enteró demasiado tarde. Bush no quiere que eso vuelva a ocurrir. Por eso autorizó el espionaje.

Sin embargo ¿por qué Bush no solicitó la orden del juez de la corte especial, como ocurrió mil 754 veces sin excepciones el año pasado? La respuesta oficial es que se trata de un proceso demasiado lento y burocrático. Puede ser. Pero esa es la ley. No hay otra. Si no le gusta debió hacer algo para cambiarla.

Los motivos de Bush son difíciles de criticar. Nadie quiere, por supuesto, otro ataque terrorista en Estados Unidos como el que cobró casi tres mil vidas hace cuatro años. Sin embargo, hasta el presidente tiene que cumplir con la ley, independientemente de lo loable de sus motivos.

Como residentes de este país no queremos, por supuesto, otro incidente de terror. Pero como reporteros estamos obligados a cuestionarlo todo.

Incluso a la Casa Blanca. Así como el periodista Edward R. Murrow cuestionó los abusos del senador anticomunista Joe McCarthy —como consta maravillosamente en la película Good Night and Good Luck— hoy nos corresponde a nosotros hacer las preguntas difíciles respecto de la lucha antiterrorista.

Los periodistas nos equivocamos garrafalmente al creer los argumentos de Estados Unidos y Gran Bretaña antes de la guerra en Irak en marzo del 2003.

No sólo no había ahí armas de destrucción masiva sino que tampoco existía un vínculo entre Sadam Husein y Al-Qaeda, como nos aseguraron.

El diario The New York Times reportó hace unos días que el supuesto vínculo entre Irak y Al-Qaeda surgió de un prisionero —Ibn al-Shaykh al-Libi— quien inventó esa conexión a sus interrogadores en Egipto para que no lo maltrataran. Y en esa mentira se basó el gobierno de Estados Unidos para justificar, en parte, la guerra. Los reporteros, no cabe duda, hicimos mal nuestro trabajo antes del conflicto iraquí. Y debemos reconocerlo para no repetir.

Por eso es preciso hacer ahora muchas preguntas. Muchísimas. La principal función social de un periodista es evitar los abusos de los que tienen el poder, sean quienes sean. Y lo que queremos saber es si la oficina del presidente fue más allá de lo que le corresponde. En juego está la certeza de que vivimos en un país de leyes y que nuestra privacidad no será violada por la decisión de una sola persona, por más bienintencionada que quiera parecer.

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