| Cambios.
¿Es necesaria la existencia de la Clicac?
Roberto Ruíz Díaz
Adentrados en la polémica de si es necesaria su existencia o no, o de bien si su labor ha reunido o llenado las expectativas del pueblo y de las empresas, que a diario ven cómo se pueden afectar sus derechos o sus obligaciones no son cumplidas a cabalidad, vemos que la impresión sobre esta entidad es diferente entre los empresarios, los consumidores y los funcionarios de la propia entidad estatal, pues cada uno considera su papel relevante, mas no así preciso y conciso a la hora de tomar decisiones, ya que cada quien empuja para su lado, creyendo tener la razón.
La Comisión fue creada bajo un doble esquema, que en principio buscaba garantizar la libre competencia entre los diferentes agentes económicos, de forma tal que no existiesen acuerdos para desplazar a alguna empresa por parte de grupos competidores o bien lograr acuerdo para fijar un mismo precio en determinado bien o servicio, de forma tal que los consumidores no tuvieran la opción de escoger un mejor precio. Por el otro lado se encuentra la función sobre la protección a los consumidores, que es la primordial a la hora de ver las estadísticas y saber si la gente nos quiere o no, como se reflejan en las famosas y asustadoras encuestas, ya que en el día a día de nuestros pueblos somos más los consumidores que las empresas y de allí que se hace más ardua esta labor desde este punto de función institucional.
Los consumidores son los que más requieren la protección por parte de la institución y así lo exigen, lo que no saben es que si bien la institución se creó para protegerlos de alguna manera, de empresarios inescrupulosos y de los abusos del mercado, no se les ha podido hacer entender que la entidad tiene limitaciones grandísimas a la hora de exigir el respeto por los derechos del consumidor, así como para atender las reclamaciones, pues sino lo saben la Clicac, solo puede atender por vía de conciliación hasta montos inferiores de los 500 balboas, o sea no es cuestión de no querer hacer, sino de no poder hacer más de lo que nos permite la ley y eso lo debe saber la comunidad, de allí que no se puede echar la culpa de esta lentitud a ninguno de los comisionados que han pasado por allí y menos a los funcionarios de menor jerarquía.
De que se necesita una reforma, si se hace necesaria, y esto se sabe desde hace mucho tiempo, lastimosamente en la administración de la señora Moscoso esta no fue precisamente una institución que se le hubiese dado la importancia que se amerita, aun cuando su funcionalidad garantiza el contento de una comunidad que al final se transforma en votos, si lo queremos ver desde la parte política, de allí que se hace necesario ante los vientos de cambios, que se busque modernizar y agilizar la gestión, con acciones y procedimientos más expeditos y capacidades sancionadoras mucho más fuertes, de forma tal que aquellos que pretenden violentar las normas de libre comercio, así como la de protección al consumidor lo piensen mucho mejor antes de cometer sus abusos. Solo así podremos de verdad exigirle efectividad a una entidad como esta, que por más que digan que debe desaparecer, es necesaria y útil de forma tal que les pueden preguntar a sus funcionarios que día a día, sin cacarear sus huevos, salen a realizar su labor de monitoreo, levantamiento de actas, verificación, seguimiento de los procesos de competencia, con la finalidad de garantizarle a los consumidores que estamos protegiendo sus derechos.
Es potestad de los gobiernos reorganizar la cosa pública, pero se debe hacer con orden, de forma tal que no nos dejemos llevar por una perspectiva que pierde su horizonte, ya que por más que se quiera la Clicac no es competente para atender los servicios públicos de luz, agua y teléfono, ni controla, ni impone los precios de la canasta básica familiar, mucho menos del petróleo y sus derivados, todo eso se debe a las fluctuaciones del mercado y la libre competencia, a menos que volvamos a la regulación de precio anterior, con lo cual se pierden las garantías de libre mercado con las cuales nos hemos comprometido a nivel internacional. Esto por un lado, lo otro es de ver cómo quedan los procesos en marcha dentro de la entidad, donde se tramitan diferentes recursos y deben resolverse, ojala no queden en el aire, pues igualmente se afectaría el debido proceso y el respeto a la seguridad jurídica de quienes se encuentran dentro de estos reclamos. Que sea necesaria o no, es decisión final del gobierno pensando en el pueblo que es el único beneficiado. Así veo las cosas y así las cuento.
El autor es abogado
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