| COnvención de la onu.
A luchar contra la corrupción
Antonio Maria Costa
VIENA - La pintoresca historia del gobernador de un estado nigeriano que huyó de Gran Bretaña disfrazado de mujer violando las condiciones de su libertad bajo fianza tras haber sido acusado de blanqueo de dinero fue tratada con cierta frivolidad por gran parte de la prensa mundial.
Pero la realidad de la corrupción oficial de alto nivel es dura. Miles de millones de dólares que se están necesitando desesperadamente para la atención de la salud, la educación y el desarrollo económico desaparecen cada año del erario público en países de todo el mundo.
La corrupción socava los cimientos de las instituciones democráticas distorsionando los procesos democráticos y desvirtuando el imperio de la ley. Desalienta la inversión extranjera y obstaculiza el crecimiento económico. En muchos países, la corrupción oficial es uno de los factores clave del desencanto con el gobierno y alimenta el extremismo político y el terrorismo.
La corrupción puede, literalmente, matar. Se ha informado de que el pago de sobornos hizo posible que terroristas introdujeran de contrabando explosivos a bordo de dos aviones que estallaron tras despegar de Moscú el año pasado. Los delincuentes organizados, los terroristas, los narcotraficantes - todos ellos recurren a la corrupción para cometer sus delitos.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción entró en vigor el pasado 14 de diciembre, el mundo tiene por fin a su disposición un instrumento eficaz para luchar contra este azote internacional - si elige usarlo.
La Convención es el primer instrumento mundial jurídicamente vinculante en la lucha contra la corrupción. En él se solicita la adopción de medidas preventivas y la penalización de las formas más comunes de corrupción. Se crea una plataforma para que policías y fiscales cooperen para detener a los delincuentes - y para extraditarlos a sus países de origen.
Nuevas y estrictas medidas sobre recuperación de activos —las primeras de su tipo— exigen a los Estados restituir el dinero y otros bienes obtenidos mediante actos de corrupción al país de donde fueron robados. Los días en que ex líderes corruptos podían pasar sus últimos años viviendo a todo lujo en países extranjeros gastando los fondos de cuentas bancarias secretas están contados. Los bienes saqueados ya se están devolviendo a quien corresponde y usándose para fomentar el desarrollo.
La corrupción afecta a todos los países, tanto ricos como pobres. Como suele suceder, los pobres son los que más sufren. Tan sólo en África, el costo de la corrupción se estima en más de 148 mil millones de dólares al año, equivalentes al 25% del PIB anual de África.
Millones de personas en África y en otros lugares se ven obligadas a pagar pequeños sobornos para obtener servicios básicos como los de atención de la salud o permisos para actividades comerciales. En una clínica de Bangalore (India), una enfermera pidió siete dólares para dejar que los padres vieran a su hija recién nacida.
Esto era más de lo que ganaba una familia pobre en una semana, pero ellos sin embargo pagaron por temor a que de lo contrario la niña sufriera algún daño.
A algunos les gustaría creer que la corrupción está arraigada en la cultura de ciertos países y que por lo tanto nada se puede hacer - y ésta es una idea tan perniciosa como falsa.
Líderes como el presidente Olusegun Obasanjo de Nigeria han aclarado que se toman muy en serio la lucha contra la corrupción. Altos funcionarios nigerianos han sido destituidos, y otros se enfrentan a acciones penales.
De muchos otros países, desde Eslovaquia hasta Indonesia, nos llegan noticias alentadoras de funcionarios, jueces y periodistas investigadores honrados y valientes que se oponen a la corrupción - con éxito.
Cuando en septiembre pasado los líderes de todo el mundo se reunieron en Nueva York en la Cumbre Mundial para conmemorar el sexagésimo aniversario de las Naciones Unidas, convinieron por unanimidad en que la lucha contra la corrupción sería una cuestión prioritaria.
La Convención de las Naciones Unidas es el instrumento que puede convertir ese compromiso en realidad. Pero instrumento no es sinónimo de acción, y no podemos cejar en nuestro empeño. Hasta la fecha la Convención ha sido ratificada por 37 países, principalmente países en desarrollo. Todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas deben ratificarla, y complementar ese acto político con medidas eficaces para aplicar sus disposiciones y velar por que tengan un impacto real y duradero en las vidas de sus habitantes. Esto significa aprobar leyes, establecer instituciones y crear capacidad para hacer cumplir las nuevas y rigurosas normas de la Convención.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito desempeña un papel rector en lo que respecta a apoyar a los países para una aplicación eficaz.
Los ayudamos a mejorar sus regímenes internos de lucha contra la corrupción y nos aseguramos de que creen instituciones para prevenir y castigar los tipos más generalizados de corrupción. Ayudamos a los países a colaborar a nivel internacional para llevar a los culpables ante la justicia, identificar los bienes robados de las arcas estatales y devolver esos bienes a los países de origen.
Pero no podemos hacer esto solos. Cada nación, cada persona, tiene una función que cumplir. Nadie pretende que el problema vaya a desaparecer de la noche a la mañana, pero una señal clara de los gobiernos de todo el mundo en cuanto a la seriedad con la que actúan dará grandes dividendos en los años venideros. Podemos parar la corrupción.
El autor es director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
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