| PRERROGATIVAS.
El privilegio no es parte del salario
Carlos López
Harold J. Laski, dice: "Si conocemos la forma en que actúa la administración de justicia de un Estado, conocemos exactamente su nivel moral".
Igualmente, contra la idea simplista y generalizada respeto el concepto privilegio sobre todo para las grandes corporaciones, quienes deben situarse en defensa de la Constitución Política de la República de Panamá, cuando manifiesta en su artículo número 19, y cito:
"No habrá fueros o privilegios personales, ni discriminación por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas".
De esta forma, la Constitución es clara en la segmentación, cuando señala taxativamente: "No habrá fueros o privilegios personales..."
La Carta Magna con criterio realista inobjetable establece la igualdad ante la ley. Porque las aplicaciones del concepto privilegios, figura el privilegio remunerativo, y es aquel que se concede en premio de una acción meritoria. Esta interpretación es distinta a lo que otorga gracia o prerrogativa que concede concesión graciosa, concediéndole una exención de que no gozan otros, a través de la ley presupuestaria.
Por lo tanto, el fundamento de esta galimática expresión "privilegio es una parte del salario" sepercibe en la arbitrariedad o el capricho de los funcionarios públicos que desean disponer de los recursos del Estado con el beneplácito de la Contraloría, que no ha intentado producir un fallo de nulidad de estos gastos de afectación que contraviene la Constitución.
La Constitución de la República en su artículo 280; dice que son funciones de la Contraloría, numeral 7; y cito:
"Demandar la declaratoria de inconstitucional o de ilegalidad según los casos de las leyes y demás actos violatorios de la Constitución o de la ley que afecten patrimonio público".
Habría que preguntarle a la Contraloría General, ¿Cuántas veces ha solicitado favor de las corporaciones de justicia la nulidad de estas afectaciones?
Estas abstinencias de la Contraloría son las que propician la corrupción gubernamental.
El autor es estudiante de administración pública
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