| tomar conciencia.
A denunciar la corrupción
Rafael Antonio Ruíz
La acción del gobierno de Washington de revocar la visa a funcionarios y particulares por incurrir en actos de corrupción es plausible, porque permite mantener una lucha internacional contra aquellos "avivatos", que se escudan con el manto de la impunidad producto de sus relaciones políticas y económicas.
Lo que critico de las autoridades estadounidenses es que sus medidas de presión parecen un trabajo mal hecho. Además de revocar las visas deberían divulgar ante la opinión pública las justificaciones y sus razones legales para que el Ministerio Público, en el caso de Panamá, realice las investigaciones destinadas a llevar a los corruptos a los tribunales de justicia.
En los últimos años se han revocado visas a altas figuras políticas por cometer supuestos actos de corrupción, pero el asunto se queda a ese nivel porque se carece de las pruebas y demás argumentos que permitan presentar las acusaciones administrativas y penales. La administración de George W. Bush tiene que hacer una revisión a esa estrategia de cancelar visas y mantenerse callados de su decisión, ya que a los corruptos se les impide entrar a Estados Unidos, pero siguen en Panamá o viajan a otras partes del mundo, con los dineros sustraídos de las arcas del Estado o que han adquirido a través de negocios turbios.
Esos ricos y nuevos ricos corruptos se pasean libremente por las calles sin importarles la miseria que han dejado a su paso.
Los dineros destinados a crear mayores centros de educación, a mejorar el sistema de salud pública, a crear modernas carreteras y a fortalecer las instituciones democráticas, de manera descarada, han sido desviados a los bolsillos de un número reducido de personas que siempre tienen relación con los gobiernos de turno.
Si Estados Unidos tiene interés en combatir la corrupción en las naciones afectadas por la pobreza debe dar el primer paso con la presentación de las pruebas que permitan encarcelar a los corruptos. Ese sería un aporte importante para contrarrestar dicho flagelo que nos carcome como nación e impide erradicar la pobreza extrema, el desempleo, la delincuencia y otros males sociales.
La población panameña está cansada de escuchar que se producen actos de corrupción en las altas esferas de los tres órganos del Estado. Sin embargo, a los encopetados jamás se les procesa de manera legal. Únicamente se observa que a los hijos de la cocinera se les lleva ante los jueces para que paguen por sus delitos.
Pienso que la gestión de la procuradora Ana Matilde Gómez ha demostrado de manera contundente su interés en perseguir los distintos delitos que se cometen en el país. Me atrevería a decir que si a ella se le presenta un caso de corrupción que relacione a cualquier persona de alto poder político o económico, sin duda y sin titubear, lo sometería a la justicia ordinaria. Estoy seguro que Gómez actuaría apegada a la ley.
No obstante, Estados Unidos, gobiernos extranjeros y nacionales, así como todos los panameños, interesados en combatir la corrupción, tienen que atreverse a denunciar a los que infringen las leyes. Es tiempo de hacer frente común con este asunto que sigue debilitando los sistemas democráticos.
Hay que tomar conciencia de que la corrupción es una enfermedad social que transforma al hombre en ser un despiadado, egoísta, inescrupuloso, desalmado, usurero y que lo aleja de los valores humanos.
Ese cambio no se logrará de la noche a la mañana o tal vez muchos de nosotros no vayamos a ver esa transformación en la sociedad, pero considero que ese aporte que ofrezcamos hoy para erradicar la corrupción será reconocido por las futuras generaciones, que tendrán el gozo de vivir en un país de gente honesta.
El autor es periodista
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