| derechos.
La libertad de los peatones
Fernando Aramburú Porras
En la ciudad de Panamá existen algo más de dos millones de habitantes, de los cuales más de un millón no poseen automóvil propio, ya sea porque son menores de edad, todavía van a la escuela o porque su poder adquisitivo no se lo permite. Estos panameños jóvenes estudiantes, ancianos, trabajadores, empleados del Gobierno, de la empresa privada, de la construcción, del comercio y de la industria, tienen que transportarse diariamente en buses a sus destinos caminando un buen trecho de ida y vuelta.
Además están los otros peatones, los extranjeros y turistas que recorren la ciudad a pie para conocerla directamente y disfrutar su visita y finalmente los que poseemos vehículo pero que ocasionalmente recorremos algún trecho de la ciudad por diferentes motivos o para ejercitarnos libremente.
Son entonces, los peatones los que tienen que confrontar día a día el caos y desorden que existe en cuanto al trazado, tamaño y alineamiento de las aceras de la ciudad.
Decía un famoso alcalde de París que "el nivel de desarrollo de las ciudades del mundo se define por la calidad de sus aceras, calles y parques, ya que esto es lo común entre todos los ciudadanos".
Si esto es cierto, no se dónde quedaría clasificada la ciudad de Panamá. Lamentablemente y debido a una serie de razones institucionales, culturales y hasta políticas, en Panamá casi no existen ni se respetan las aceras. Usted puede estar caminando por la mejor parte de la ciudad y de repente se encuentra tanto con un estacionamiento vehicular o un garaje salido, un basurero, una reja, un vehículo estacionado en la acera o simplemente el final de la acera teniendo que sortear toda clase de obstáculos.
Cuando sí las hay, son estrechas y desalineadas, ni del mismo nivel ni material, y ni hablar de rampas para discapacitados.
La legislación existe. El artículo 333 del Código Civil establece que las aceras son "bienes de uso público" y por ende inadjudicables. Por su parte, el Acuerdo Municipal #116 del 9 de julio de 1996 reglamenta en detalle la obligación de construir aceras, sus especificaciones y normas relativas a las mismas. Por ejemplo, en el artículo 49 estipula que "Todo constructor, propietario o promotor de obras está obligado a construir a su costa una acera de acuerdo a lo establecido en las normas de desarrollo urbano y el presente acuerdo". En los artículos posteriores, del 50 al 55, el acuerdo establece el ancho, los materiales, niveles, accesos, inviolabilidad, etc., de las aceras decretando que, "deben tener un mínimo de 1.20 mts. de ancho en las áreas de baja densidad, 2.00 mts. en las de alta densidad y 2.50 mts. en las áreas comerciales. Los estacionamientos frontales solo podrán producirse después de la acera, de tal forma que la misma quede totalmente libre...", y así continúa la norma detallando todas las reglas sobre las aceras incluyendo sanciones y multas para los violadores.
La ley existe. Le corresponde entonces al Municipio de Panamá hacer cumplir estas leyes y acuerdos, pero en la práctica por desidia o desconocimiento Ingeniería Municipal no está cumpliendo o haciendo cumplir, las normas establecidas ni las sanciones correspondientes a quienes las violan.
No me explico cómo hacen estos comercios, restaurantes, edificios, para obtener el permiso que les permita eliminar la acera para poner en su lugar estacionamientos, terrazas, garajes, basureros y cuanta cosa usted se puede imaginar, ocupando el espacio destinado para el tránsito de los peatones, los que por estos motivos se ven obligados a transitar por las calles poniendo en peligro su seguridad personal y creando una sensación de desorden y caos en las áreas más congestionadas de la ciudad.
¿Cómo es posible que más de un millón de panameños y miles de turistas que nos visitan, no tengan quien haga respetar sus derechos? ¡Ya es hora de parar el atropello y el abuso a la ley y al derecho de nuestros conciudadanos!
A partir de hoy todos los peatones nos declaramos en una lucha sin cuartel contra los que eliminan las aceras y debemos denunciar a los que violen nuestro derecho a circular libremente y decentemente por las vías públicas. Las autoridades responsables y el Municipio, deben hacer cumplir la ley y el derecho de los peatones, no dejarse sobornar por aquellos que quieran irrumpir con los derechos de los demás.
Saldrán miles de argumentos económicos, políticos y hasta culturales de toda índole para tratar de justificar el status quo de no respetar las aceras públicas y dedicar el espacio a otros fines más beneficiosos para ellos, violando el derecho de los ciudadanos a pie. Sabemos que no será fácil, pero al final estoy seguro que lo lograremos, porque el progreso de este país lo requiere y la ciudadanía a pie, los peatones, lo demanda.
El autor es ciudadano panameño
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