ESTRATEGIA.

Negarle refugio a los tiranos y corruptos

WASHINGTON, D.C. - Yo no soy admiradora del gobierno de George W. Bush pero su decisión de negarle entrada a Estados Unidos a los funcionarios extranjeros de conocida o presunta corrupción es algo que aplaudo sin reservas. Por demasiadas décadas, Washington tuvo una política cómplice hacia los tiranos y los corruptos que supieran servir intereses estadounidenses, haciéndose la vista gorda de los abusos y asegurándoles que su eventual retiro del poder incluiría todas las comodidades en Miami que su fortuna ilícita pudiera comprar.

Eso ha cambiado bastante -pero no completamente-- bajo el gobierno de Bush, que desde temprano instituyó una política de "exclusión" contra corruptos y la formalizó en enero de 2004 con una proclamación de "negarle refugio seguro" a funcionarios vendidos. Sin embargo, ese decreto tiene el defecto de permitir excepciones cuando negar entrada "sería contrario a los intereses de Estados Unidos". Es decir, Washington se reserva el derecho de no cancelarle la visa a tiranos y corruptos que hayan sido suficientemente serviles a Estados Unidos. Hasta ahora, que yo conozca, no se ha visto ningún ejemplo repugnante de darle entrada a corruptos serviles pero la posibilidad de que ello ocurra desmerita lo que de otro modo es una política admirable.

Por ello es risible que el Movimiento de Acción Panameñista (MAPA) haya emitido un comunicado afirmando que el retiro de la visa a Winston Spadafora, magistrado de la Corte Suprema, es "una afrenta a la dignidad nacional" y "una flagrante intervención en asuntos internos del Estado". MAPA se "desborda de lo ridículo", a criterio de Miguel Antonio Bernal, al "exigir" que el gobierno de Martín Torrijos declare como persona "non grata" al vocero de la Embajada de Estados Unidos, William Ostick, "exigiéndole su salida del territorio nacional", un ejemplo más que patético del síndrome muy panameño de matar al mensajero mientras se sepulta el mensaje. Observó Bernal: "El problema no es echarle la culpa a un funcionario de la embajada, pues él no fue quien le quitó la visa al magistrado en cuestión. Aquí el asunto es que Panamá, como Estado signatario de la Convención de la ONU contra la Corrupción (2005) y de la Convención Interamericana contra la Corrupción (1998), está en la obligación de combatir la corrupción y no lo está haciendo". Es igualmente ridículo que MAPA - que se auto-describe como un "grupo de análisis y opinión dentro de las filas del glorioso Partido Panameñista"-- alegue que Estados Unidos no debe revocar visas por corrupción sin que ello se fundamente en una sentencia de tribunal panameño o estadounidense. Sus poderes de análisis evidentemente no alcanzan para comprender que el problema, precisamente, es que los tribunales en Panamá y países vecinos son parte de la corrupción y del esquema gubernamental que protege la corrupción. En Panamá, tristemente, no se condena a nadie por corrupción; todos los corruptos panameños ostentan su fortuna ilícita con alegre impunidad.

Así las cosas, Washington hace bien en proceder en estos casos según su propio entender de los hechos en cada instancia; lo contrario sería continuar una política de complicidad con la impunidad doméstica. Washington puede, y debe, actuar sin que haya un fallo condenatorio en los tribunales nacionales y puede hasta seguir negando la visa después de que haya un veredicto de inocente. Es cierto que la persona afectada no tiene garantías procesales y que el Departamento de Estado tiene discreción "casi total" al decidir la negación o cancelación de una visa, me explicó hace años un profesor de derecho en Georgetown University, pero no hay duda de que decisiones consulares de este tipo están ampliamente amparadas por el poder de cada Estado.

Además, funcionarios estadounidenses señalan que la revocatoria de una visa es casi la única arma para desincentivar la corrupción en Latinoamérica. Otto Reich, ex subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, lo explicó así en 2002:

"Nosotros vamos a estar 100% seguros de poseer los hechos, pero cuando estemos seguros de que un individuo o unos individuos han robado del Tesoro público de su país, no los vamos a dejar entrar a Estados Unidos. No se retirarán en Key Biscayne. No irán a Disneyworld. Sus esposas no irán de compras en la Quinta Avenida. Y cuando se enferman, no irán a Houston a chequearse".

Yo aplaudo esa postura y la encuesta de esta semana en La Prensa indica que 69% de los panameños aplaude igual. Mientras no haya justicia en Panamá, esa pequeña medida de castigo y humillación es el único consuelo que tenemos.

La autora es corresponsal de La Prensa

• Soberanía a la panameña: Daniel R. Pichel
• Defensor del Pueblo: ¿otro privilegiado o hijo de la cocinera?: Marisa Montesano de Talavera
• Negarle refugio a los tiranos y corruptos: Betty Brannan Jaén
• La seguridad y la justicia: César D. Zerna Jr.
• Una decisión lamentable: Jacobo Maduro Sasso