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ENCUESTA.MAYORÍA
CONSIDERA QUE LA CORTE EMPAÑA AÚN MÁS LA PERCEPCIÓN
DE CORRUPCIÓN DE LA JUSTICIA.
69.3% apoya revocatoria de visa
El muestreo se aplicó entre el 2 y 4 de diciembre,
tras conocerse la medida de EU contra Winston Spadafora.
José González
Pinilla
jagonzalez@prensa.com
La gran mayoría de los panameños (69.3%) aprueba
la decisión de Estados Unidos (EU) de revocarle la visa al magistrado de
la Corte Suprema de Justicia, Winston Spadafora, por supuestos actos de corrupción.
Así lo revela una encuesta elaborada por Dichter &
Neira para La Prensa entre el 2 y el 4 de diciembre, tres días después
de que se conociera la medida del Gobierno estadounidense, que para el 25.9% de
los entrevistados no se justifica.
El anuncio motivó una solicitud de explicación
al Gobierno de EU de parte del propio afectado, la cual fue formalizada por el
Ministerio de Relaciones Exteriores el pasado lunes 5 de diciembre.
La situación atizó el escándalo surgido
a raíz del archivo de una denuncia por corrupción contra ocho magistrados
de la Corte —entre los cuales figuraba Spadafora— por parte de la
Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, que alegó falta
de pruebas.
Mil 200 entrevistados opinaron sobre la decisión de la
Asamblea: Una abrumadora mayoría (74.3%) dijo estar en desacuerdo con la
acción de la Comisión de Credenciales, pero 19.5% favorece la decisión
de los diputados.
El papel de la Corte también mereció la atención
de los encuestados. De nuevo, la mayoría (58.6%) opinó que esta
entidad ayuda a empeorar la percepción de corrupción del sistema
de justicia panameño. El 27.5%, sin embargo, consideró lo contrario.
En medio de la carrera por seleccionar dos magistrados de la
Corte antes del 31 de diciembre, y ante la presentación de nuevas denuncias
por corrupción contra miembros del máximo tribunal de justicia,
el oficialista Partido Popular ha dicho que si el presidente, Martín Torrijos,
cambia a algunos miembros de la Corte, ellos le darían su respaldo total.
La encuesta tiene un margen de error de más/menos 2.9%
y se aplicó en todo el país con excepción de la provincia
de Darién y las comarcas indígenas.
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