Miles de hectáreas a la espera de compradores
La ARI se manejaba con un presupuesto de 50 millones de dólares
al año. De estos, cinco millones de dólares se destinaban para funcionamiento
y unos cuatro millones se ocupaban para el pago de la deuda. La mayor deuda de
la institución son los 11 millones de dólares que pidió al
Banco Nacional de Panamá para construir el Museo Guery.
Este proyecto actualmente se encuentra paralizado y está
en busca de un nuevo financiamiento con bancos privados. Sobre el desarrollo de
las áreas revertidas ha habido una mala percepción, asegura Gustavo
García de Paredes, presidente de la junta directiva de la ARI. La gente
piensa que todo el mundo quiere invertir en las áreas revertidas, nada
más lejos de la realidad. La adjudicación de bienes ha sido lenta
y la afluencia de inversionistas no tuvo el ritmo esperado. Hace falta buscar
empresarios extranjeros que deseen desarrollar grandes proyectos y que generen
empleos.
En parte, lo que ha dañado la venta de las tierras y bienes
son los promotores que han incumplido con la ARI, lo que llevó a la entidad
a poner una fianza de cumplimiento con un bono de garantía para resarcir
a la institución de los daños y perjuicios. En la venta de casas,
igualmente ha habido lentitud. Muchos actos públicos se han declarado desiertos
por falta de compradores.
La nueva institución que acoja a la ARI tendrá
que poner en marcha una agresiva política de promoción y venta de
las áreas revertidas, de lo contrario será más difícil
promover el desarrollo del país en el sector. Una de las ventajas que tenía
la ARI es que contaba con personal calificado y especializado en ventas, algo
que no tendrá la nueva entidad.
En opinión de García de Paredes, muchos trabajadores
con que cuenta la institución deben quedarse para continuar laborando porque
es personal entrenado y necesario, como por ejemplo, las personas encargadas de
cuidar los polígonos de tiro, de mantenimiento, etc. La decisión
de lo que se va hacer con la ARI es urgente porque el gobierno tiene que presentar
antes de fin de año un proyecto de ley a la Asamblea Nacional para el cambio
de administración.
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