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Reportaje especial
Panamá, viernes 9 de diciembre de 2005
 

cierre.La institución debe clausurarse por ley el 31 de diciembre de 2005.

Instituto de tierras absorberá la ARI

Algunas áreas serán repartidas entre diferentes instituciones del Gobierno como la Anam y la AMP.

LA PRENSA/ Víctor Arosemena.
ÁREAS REVERTIDAS. Los concesionarios del Fuerte Amador son los mayores deudores.603977
Víctor D. Torres
vdagoberto@prensa.com

A solo 22 días de que termine el período de la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI), el Gobierno no ha definido ni presentado de forma oficial la nueva institución que se encargará de administrar las más de 36 mil hectáreas de terreno que hace falta vender, por un valor de más de 4 mil millones de dólares.

Lo que se sabe de momento es que en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) circula un proyecto de ley que crea el Instituto Nacional de Tierras que absorbería gran parte de las área revertidas.

Otras tierras serían asignadas a distintas dependencias del Gobierno y ministerios, informó una fuente del MEF. Por ejemplo, al Ministerio de Vivienda (Mivi) se le distribuirían todas las viviendas que hace falta vender.

Las áreas con potencial marítimo se repartirían a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y los territorios protegidos pasarían a custodia de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam). Los sitios recreativos se otorgarían al Municipio de Panamá y las canchas y estadios al Instituto Nacional de Deportes (Inde).

En esa misma dirección se transferirían tierras y propiedades a otras entidades del gobierno.

El proyecto echaría por tierra las intenciones de la junta directiva de la ARI, que pedía prolongar, por dos años más, la existencia de la institución.

Mientras el Gobierno despeja oficialmente la incógnita del futuro de la administración de las áreas revertidas, la junta directiva de la ARI ya realizó un informe que recoge el inventario de activos y de patrimonio de la institución. También elaboró un documento que recoge el proceso de las auditorías, las cuentas por cobrar, los proyectos aprobados y un listado de los asuntos pendientes y proyectos por aprobar.

El presidente de la junta directiva de la ARI, Gustavo García de Paredes, dijo que la institución que administra los bienes revertidos a Panamá por el gobierno de Estados Unidos, el 31 de diciembre de 1999, debe permanecer, por lo menos, dos años más para poder cumplir con muchos asuntos pendientes y con la adjudicación de varios proyectos valorados en 180 millones de dólares. Desde su creación en 1993, la ARI ha aportado al Gobierno más de 500 millones de dólares en concepto de venta de bienes y propiedades.

Uno de los principales asuntos que preocupa es que hay más de mil 500 propiedades por vender y concesiones importantes que asignar en Howard y Sherman, dos sitios militares que albergaron a las tropas norteamericanas que permanecieron en Panamá durante casi un siglo.

"Todo esto hay que desarrollarlo aún y darle seguimiento", agregó Paredes.

La descontaminación de los polígonos de tiro también es otro de los problemas que hay que resolver antes del cierre de la ARI.

INVENTARIOS Y AUDITORÍAS

La ARI deja un inventario de activos fijos de un millón 529 mil 251 dólares y un total de 505 empleados, entre los que se incluyen permanentes, transitorios y por servicios profesionales, que devengan salarios por 342 mil 435 dólares.

Los concesionarios adeuda a la institución más de 15 millones de dólares. El 90% de esta deuda corresponde a las empresas que se han ubicado en el área de Amador, el 10% restante lo adeudan arrendatarios de ocupan viviendas familiares.

Algunas de las mayores empresas deudoras son Grupo F Internacional, S.A. con 3 millones 853 mil dólares; Fuerte Amador Resort y Marina, S.A., con un millón 286 mil 539 dólares; Parque Industrial Marítimo de Panamá, S.A., con 3 millones 474 mil dólares; y Las Brisas de Amador, S.A., que adeuda 276 mil 543 dólares. También hay una decena de entidades del gobierno que adeudan a la ARI 1 millón 184 mil 296 dólares.

IRREGULARIDADES DEL PROCESO

  • REGISTRO: Auditoría detectó ingresos no registrados oportunamente e incompatibilidad de funciones en el manejo.
  • CONTRATOS: Un sistema inoperante en el registro de contratos y órdenes de compras.
  • CONTROLES: Hubo falta de controles en combustible y transporte, cambio de marcas y modelo de equipo, contratación directa a proveedores y presentación de cuentas incorrectas.

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