| PEAJES DE AUTOPISTA. actualmente se recauda un promedio de cuarenta mil dólares al mes.
Entregan pruebas de hurto en casetas
En el ilícito supuestamente participaron 16 funcionarios, quienes laboraban en los puestos de cobros.
Se calcula que la lesión asciende a 350 mil dólares por año, aunque no se sabe cuándo comenzó. José Somarriba Hernández
jsomarriba@prensa.com
La Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas entregó a la Fiscalía Tercera Anticorrupción las pruebas recabadas durante la investigación por la supuesta lesión patrimonial causada al Estado en las casetas de peaje de la Autopista Arraiján–La Chorrera.
En el hurto, descubierto en julio de 2005, participaron 16 funcionarios que laboraban como cobradores.
En este caso, agentes de la Policía Técnica Judicial (PTJ) realizaron una operación encubierta, en la que detectaron que la forma de operar de los vinculados al ilícito era recoger los boletos que los conductores lanzaban al piso, luego de pagar el peaje.
Supuestamente, los cobradores utilizaban estos mismos boletos para darlos a otros conductores, quienes pasaban posteriormente por el lugar.
La directora de la DGI, Gisela Álvarez de Porras, dijo que después del operativo que condujo a la detención y destitución de los involucrados, las recaudaciones en concepto de peaje "han aumentado considerablemente, dando un promedio de 40 mil dólares mensuales".
Se calcula que el hurto puede estar por el orden de los 350 mil dólares por año, aunque no se sabe desde cuándo empezaron a cometer el ilícito.
Álvarez de Porras señaló que tanto la DGI, como la Contraloría mantienen operativos de fiscalización y no dudarán en poner en conocimiento de las autoridades cualquier delito en que se incurra.
Sobre los 16 investigados pesa una medida cautelar que les impide abandonar el país y que los obliga a presentarse a la Fiscalía para firmar, dos veces al mes.
El fiscal auxiliar, Luis Martínez, había dicho que "la medida se les otorgó, porque no había un informe de auditoría que cuantificara el perjuicio económico".
Por ello, el funcionario pidió al MEF y a la Contraloría que realizaran una auditoría para determinar la cantidad de dinero faltante.
El entonces viceministro de Economía y Finanzas, Rolando Mirones, manifestó su inconformidad con la situación porque, según dijo, "se presentaron fotos y vídeos de personas metiéndose dinero en los bolsillos".
Los funcionarios involucrados en la supuesta lesión patrimonial fueron destituidos de sus cargos, y la Fiscalía Tercera Anticorrupción abrió un expediente con la investigación realizada por la DGI, la PTJ y la auditoría de la Contraloría.
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