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Reportaje especial
Panamá, sábado 3 de diciembre de 2005
 

TRASFONDO DE LA VERDAD.

¿Por qué tanta rabieta?

Celinda Pérez

Cuando fueron nombrados los magistrados Winston Spadafora y Alberto Cigarruista, los cuestionamientos y juicios emitidos no se hicieron esperar. En ese momento, la comidilla tenía como sustento principal toda una atmósfera deshonesta, insoportable y cruel, de actos de corrupción que incrementaban la ya débil, golpeada y corroída administración de justicia en Panamá. Aunado a la ventilación, poco digna por parte de un "honorable", de 6 mil verdes como soborno para la aceptación del proyecto CEMIS que aún se encuentra tratando de sobrevivir a lo que no es creíble ante la vista de los demás.

Ante esto, más que sorprendernos por una visa negada al presidente de la Sala Tercera de la CSJ, más bien debemos preocuparnos por llegar al trasfondo de la verdad, en esta circunstancia como en todas aquellas que no han sido agotadas por ninguna vía y que terminan como siempre, engavetadas y etiquetadas como caso cerrado. Cuando se acusa, se señala al actor, ya sea por un delito o por una falta, entonces es ridículo y preocupante pensar que una mira externa sea la que acuse y denuncie a la luz pública, lo que es evidente en nuestro país, porque demuestra en su actuar, la incapacidad que tenemos para impartir justicia. ¿Dónde estaba la Asamblea de Diputados a quien le compete dicha función? ¿Será que la mala conciencia de muchos la inhibe en su actuar? Esto reafirma una vez más, la falta de principios cívicos y morales que impera en la sociedad panameña.

No sé hasta dónde el magistrado Spadafora tenga sus narices metidas en esos supuestos actos de corrupción, ni mucho menos en qué o cuáles actos de corrupción -si es que los tiene-, pero es hora de que se inicie una investigación exhaustiva a lo interno, no solamente de este caso, sino de todos los que en otrora se han denunciado que desdeñan la gestión administrativa y que sencillamente, los hemos guardado en un baúl de recuerdos para que se asomen cada vez que se les antoje y martillen la conciencia como el peor de los castigos y que en nada contribuyen a mermar los daños resultantes. Y esta acción no es para que se sientan eludidos, ni los acusados ni los que por denuncias se sientan involucrados.

La política migratoria es soberana de cada Estado y ellos son dueños de admitir o de recibir en su país a los ciudadanos que quieran. Lo que sí es potestad de nuestros gobernantes es invertir un tiempo en investigar hasta llegar a la verdad sobre tales acusaciones, facultad específica de la Asamblea en quienes debe obedecer el mandato para el cual fueron elegidos. Parece que se empeñan más en sentirse superiores en mayoría como ideal partidista, que buscar fórmulas concretas que hagan valer el eslogan de "cero corrupción". Esa línea de pensamiento no conduce a nada bueno, más bien carcome la salud de un Estado que no puede quitar el dedo del renglón de la corrupción y que, en todo caso, llena los espacios en blanco deteriorando nuestra ya manchada imagen.

Al magistrado y coterráneo, entendemos su reacción como individuo atacado y ofendido, así como entendemos el derecho a defenderse, pero ¿por qué tanta rabieta? Cuando nuestro interior se encuentra en paz, solo Dios es a quien debemos temer. Sólo él tiene la verdadera justicia, y es quien finalmente decidirá qué cargo debe imputarle… y ya usted sabe dónde está: en su propia conciencia.

La autora es ingeniera


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