| JUSTICIA.SOLDADOS SERÁN LLAMADOS EN ENERO A CORTE MARCIAL.
Estado acusa a militares por colaborar con guerrilleros
Infantes de Marina proporcionaron información exacta a las FARC, lo que les sirvió para atacar una base.
La justicia investiga a los ‘marines’ por homicidio, lesiones personales con fines terroristas y otros.
| AFP/ Pedro Ugarte |
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| PREPARACIÓN. Militares colombianos en ejercicios de rutina para combatir a los insurgentes.601148 |
BOGOTÁ, Colombia/DPA
El Estado colombiano acusó a seis ex miembros de la Infantería de Marina, a través de la Justicia Penal Militar, por su responsabilidad en el ataque guerrillero a un puesto de la Armada en la población de Iscuandé (suroeste) en el que murieron 15 militares, informaron ayer fuentes oficiales.
El ataque de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) ocurrió el 1 de febrero de 2005 en horas de la madrugada, ocasionando la muerte de 15 militares y heridas a otros 25, además de graves daños a las instalaciones.
DELITOS
La justicia militar acusó a los militares de los delitos de sabotaje agravado, cobardía, comercio con el enemigo, abandono del puesto y utilización ilegal de uniformes e insignias.
Las autoridades colombianas capturaron el 17 de febrero a varios infantes de Marina que fueron acusados de traición a la patria por haber entregado información a las FARC para el ataque a la base militar de Iscuandé.
Según las investigaciones, los inculpados entregaron a las FARC datos precisos, como la ubicación de los dormitorios de los soldados, lo que permitió a los rebeldes atacar con precisión el interior de la base lanzando cilindros de gas con explosivos.
Además se les encontró material propagandístico de las FARC, por lo que el entonces fiscal Luis Osorio dijo que era "un caso inaudito, insólito, en el que miembros de un cuerpo armado que precisamente tiene como compromiso combatir la subversión, tienen elementos que delatan simpatía o cercanía con esos grupos".
JUICIO
El juicio comenzará en enero de 2006, cuando serán llamados a corte marcial.
En este momento se encuentran privados de su libertad en una instalación de la Armada, por disposición del Juzgado de Primera Instancia de las Brigadas Fluviales de la Infantería de Marina.
Además de estos cargos, la justicia ordinaria los investiga por "homicidio, lesiones personales con fines terroristas y otros delitos graves".
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