| EVALUACIÓN.
Panamá y sus compromisos internacionales
José Blandón Figueroa
La república de Panamá ha suscrito o avalado varios compromisos internacionales en materia de desarrollo humano, que adquieren o deben adquirir un carácter vinculante para sus instituciones públicas y quienquiera que las dirija en un momento determinado. Entre los más significativos está la Declaración del Milenio, aprobada mediante Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre del año 2000; el Plan de Acción aprobado en la Conferencia de Población y Desarrollo de El Cairo en 1994 y la Declaración Final de la Cumbre Mundial de 2005.
En la Declaración del Milenio no solamente se adoptaron las clásicas declaraciones de principios, sino que además se acordaron metas concretas en materia de desarrollo humano y erradicación de la pobreza, tales como reducir a la mitad el porcentaje de la pobreza extrema para 2015. Panamá ya ha realizado dos evaluaciones del nivel de cumplimiento de dichas metas, que han arrojado resultados mixtos, pero que sobre todo, destacan la enorme brecha que hay en nuestro país entre los más ricos y los más pobres.
Recientemente fui invitado a participar de una reunión regional de parlamentarios por el Fondo de Población de las Naciones Unidas para evaluar la ejecución en América Central del Plan de Acción de El Cairo. De allí salieron conclusiones interesantes que quiero compartir con los lectores de este medio, como por ejemplo, la necesidad de fortalecer las facultades y capacidades de las asambleas nacionales para fiscalizar la ejecución de los presupuestos generales, evaluándolos en función del cumplimiento o no de los compromisos internacionales asumidos por el Estado respectivo.
A manera de autocrítica, debo aceptar que no recuerdo una sola ocasión en los últimos 10 años de Asamblea, en que se haya discutido el presupuesto general del Estado tomando en consideración cómo se aborda en éste el tema del combate a la pobreza y metas específicas de reducción de ella, los índices de mortalidad materna e infantil, o la reducción de la propagación del VIH/sida.
Más bien, me permito afirmar que los presupuestos no se elaboran ni se discuten en función de cumplir con las metas sociales que asumen los gobernantes en foros internacionales. En todo caso, lo que sí se ha discutido, y con amplitud, es si esos presupuestos cumplen con metas fiscales de recaudación o déficit en función de las exigencias de instituciones internacionales de crédito y de las calificadoras de crédito soberano.
La Asamblea debe exigir al Ejecutivo que rinda cuentas sobre cuáles son sus metas anuales y por período constitucional en cuanto a los principales indicadores de desarrollo social.
¿Aspiramos a reducir en la mitad la mortalidad materna e infantil de aquí al año 2009? Si es así, ¿cómo pensamos hacerlo? ¿Cómo se expresa ese objetivo en el presupuesto general del Estado? Todos los parlamentarios centroamericanos que participamos de la reunión antes mencionada, coincidimos en la conveniencia de realizar ese tipo de debate, para medir más eficazmente el cumplimiento de los objetivos de desarrollo humano de cada gobierno. Es lo que más le conviene a nuestras democracias y es la única forma de adoptar estrategias que surtan efectos concretos y positivos en el combate a la pobreza.
El autor es diputado panameñista
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