| ESPERANZA.
Una seria denuncia ciudadana
I. Roberto Eisenmann, Jr.
En representación de un grupo de ciudadanos a tiempo completo, Maribel Jaén, Carlos Lee y quien escribe hemos hecho formal denuncia ante la Asamblea Nacional contra los magistrados de la Corte Suprema, Arturo Hoyos, Aníbal Salas, Alberto Cigarruista, Jacinto Cárdenas, Roberto González, Winston Spadafora, Graciela Dixon y José Troyano. La Asamblea es, según la Constitución, la entidad a la que le toca investigar a los magistrados de la Corte Suprema.
Nuestra denuncia, firmada por ciudadanos para cumplir con la ley, lleva el apoyo de las siguientes organizaciones de la sociedad: Comisión de Justicia y Paz - Transparencia Internacional, Capítulo de Panamá - Colegio Nacional de Periodistas - Asociación Panameña de Derecho Constitucional - Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) - Centro de Asistencia Legal Popular - Instituto de Criminología - Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) - Fundación Panameña de Ética y Civismo - Fundación Libertad - Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) - Federación Nacional de Servidores Públicos (Fenasep) - Centro de Estudios y Acción Social de Panamá (Ceaspa) - Centro de Investigación y Atención del Niño y la Niña - Federación de Asociaciones Profesionales de Panamá (Fedap) - Comisión Nacional Pro Valores Cívicos y Morales - Clubes Cívicos, y CIVITAS-Panamá.
Como es fácil colegir por la lista, hay representaciones amplias de organizaciones obreras, empresariales, profesionales, grupos cívicos y entidades de la sociedad civil tanto de tendencia izquierdista, como de centro y de derecha. En pocas palabras, la denuncia está respaldada por casi toda la sociedad no-gubernamental del país, y además por la entidad que representa a los servidores públicos.
La denuncia, junto con sus pruebas, está basada en una auditoría detallada llevada a cabo por la Alianza Ciudadana Pro-Justicia respecto a una lista de sentencias y decisiones que consideramos son violatorias de la Constitución y la ley, y por ende van contra la seguridad jurídica y el estado de derecho.
Toca a la Comisión de Credenciales y Asuntos Jurídicos de la Asamblea –integrada por los diputados Freidi Torres (PRD), Juan Hernández (PRD), Marina de Laguna (PRD), Jerry Wilson (PRD), Argentina Arias (Partido Panameñista), Rubén Beitía (Solidaridad) y Héctor Aparicio (Molirena)– empezar la investigación sobre esta seria denuncia de la sociedad.
Abrigamos la esperanza que el Órgano Legislativo inicie su investigación con seriedad, cumpliendo con la norma constitucional que así se lo exige. Esperamos de los diputados de gobierno y oposición sus mejores esfuerzos para hacer bueno el compromiso de campaña "Cero Corrupción" que produjo un apoyo masivo de la ciudadanía de todas las banderas políticas.
Con una Corte cuya mayoría viola a diario la ley y la Constitución, es imposible una reforma seria de la justicia para alcanzar la deseada meta de cero corrupción.
La ciudadanía seguirá muy de cerca este proceso, y frente a él las posiciones adoptadas por cada uno de los diputados. O son serios y reformistas, o son reaccionarios defensores del horripilante statu quo.
El autor es presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana
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