| ASPIRACIÓN. EN EL PERIODO 1994-1999 SURGE LA PRIMERA INICIATIVA.
El nuevo sueño de los honorables
La nueva administración de la Asamblea pretende construir un nuevo Palacio. No se ha hablado de costo.
| La PRENSA/Archivo |
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| Palacio Justo Arosemena. Los diputados alegan que su actual sede se quedó chica. 590900 |
Rafael Pérez
rperez@prensa.com
El anuncio pasó casi inadvertido. El presidente de la Asamblea, el diputado del Partido Revolucionario Democrático Elías Castillo, instaló comisiones con la finalidad de que se evalúe "la viabilidad de construir un nuevo palacio legislativo".
En realidad, no se trata de una idea nueva; tampoco lo son las justificaciones. "Las instalaciones de la Asamblea se quedaron chicas y obsoletas. Se requiere de un edificio nuevo para las oficinas de los diputados y las comisiones (...) el edificio viejo quedaría para el área administrativa", explicó Castillo.
Los planes incluyen ya dos posibles áreas para la futura construcción: alrededor del actual edificio o en las áreas revertidas, por el Camino de Cruces.
Castillo formó parte de la bancada del Partido Revolucionario Democrático en el período 1994–99 en el que se empujó la construcción de un nuevo edificio que la prensa bautizó como "Taj Mahal", en alusión al imponente monumento indio del siglo XVII.
La propuesta contemplaba oficinas de 80 metros cuadrados –unas cien–, un edificio de cuatro niveles para las comisiones, otro para la administración y uno más para los legisladores. Asimismo tendría una galería para exposiciones, sistemas de traducción y audiovisuales, salones de estar, cafeterías, cocinas, sótano para estacionamientos, estudios de radio y televisión, un centro médico y hasta un gimnasio.
Aquel proyecto tendría un costo superior a los 30 millones de dólares, pero nunca se llamó a una licitación. La razón: la tantas veces aludida "urgencia notoria".
El beneficiado con la contratación directa fue el consorcio HNTB Design/Build Panamá Inc., encargado del financiamiento, diseño, construcción y equipamiento del nuevo edificio, bajo la modalidad "llave en mano". Un extenso contrato-ley se aprobó en octubre de 1997 bajo la presidencia de Gerardo González y un mes más tarde se convirtió en ley de la república.
El consorcio debía obtener el 100% del financiamiento de la obra en los 90 días siguientes a la aprobación del contrato. Además, la obra debía iniciarse 30 días después de recibir la orden de proceder y el edificio debía entregarse 730 días después, período que venció el 17 de enero de 2000. En esa fecha, ya habían pasado siete meses desde que algunos de sus entusiastas promotores perdiesen el control político en las elecciones de 1999.
Del tema no volvió a saberse nada más, hasta que la administración de Laurentino Cortizo en la Asamblea (septiembre 2000–junio 2001), hizo que los impulsores de la propuesta recobraran fuerza tras el pacto Meta entre el PRD y el entonces Partido Demócrata Cristiano.
Sin embargo, Cortizo, junto a la vicepresidenta, Teresita de Arias, abonó el camino para que el próximo presidente de la cámara, Rubén Arosemena, anulara el millonario contrato por incumplimiento.
Antes de tomar la decisión, Arosemena pidió la opinión de la entonces procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, quien avaló esta opción.
La historia no quedó allí. Casi dos meses antes de perder las elecciones de mayo de 1999, el Gobierno pagó 1.8 millón de dólares al contratista.
René Luciani, entonces ministro encargado de Economía y Finanzas, envió una nota al entonces presidente de la Asamblea, Gerardo González, en la que le informó que el Consejo Económico Nacional aprobó "la cancelación del monto adeudado a los contratistas por los trabajos realizados hasta por la suma de un millón 800 mil dólares". ¿Por que se autorizó este pago si la construcción no se había iniciado? Nunca se supo. Y ahora, los diputados reemprenden la cruzada para tener casa nueva.
(Vea Un pago millonario y conocidos gestores )
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