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Panamá, viernes 28 de octubre de 2005
 

financiamiento.

Una persona > un voto…vs. un dólar > un voto

I. Roberto Eisenmann, Jr.

El Tribunal Electoral está dedicado, junto a los partidos y la sociedad civil, a revisar el Código Electoral a la luz de las vivencias para irlo perfeccionando por consenso.

No hay duda que un tema central tiene que ser el del financiamiento de los partidos, la transparencia de los donantes y el aporte público a los partidos.

La base filosófica de nuestro sistema electoral, que hay que admitir ha evolucionado muy positivamente, es: una persona > un voto… pero por el tema de financiamiento estamos bajo la amenaza de que una persona > un voto se vaya transformando en un diabólico un dólar > un voto, cosa que sería una tragedia para nuestra democracia. Una rápida mirada a las prematuras pre-candidaturas presidenciales confirma este peligro: todos son súper-ricos, y ésta no es simple coincidencia sino en parte consecuencia del sistema actual.

Primero, la no transparencia de los donantes financieros a los partidos convierte la donación partidaria en una "inversión de negocios". Hay una partida de maleantes disfrazados de empresarios que hacen importantes donaciones a todos los contrincantes con el compromiso de recuperar su inversión con buenas utilidades vía contrataciones con el gobierno ganador, salga el que salga... porque apuestan a todos.

Además, hay el peligro - ya comprobado por los hechos - de donaciones por parte de grupos dedicados a la criminalidad. Los políticos de los partidos mayores se oponen a la transparencia argumentando que de ser así las reglas del juego, habrá menos donaciones. No dudo que pueda ser cierto porque la luz ahuyenta a los maleantes que están funcionando en la obscuridad, pero les tocará menos a todos por igual así es que el argumento no es válido.

El aporte que hace el Estado a los partidos - cuya contrapartida natural debió ser la transparencia - también ha sido mal utilizado creando toda suerte de controversias y problemas a los partidos.

¿Qué tal si adoptamos una idea como ésta?: como la mayoría de los dineros de las campañas políticas se va en publicidad, ¿qué tal si la contribución pública a los partidos no fuera en dinero sino en publicidad?

Así, por ejemplo, dos años antes de las elecciones presidenciales el Tribunal Electoral prohibiría toda publicidad electoral de candidatos y pre-candidatos en prensa, radio, televisión y vallas.

Como contraprestación el propio Tribunal compraría espacio y tiempo en los medios y los dedicaría a serios debates y entrevistas en profundidad, y en vallas sobre los candidatos, dividido en forma igualitaria entre los mismos. El dinero para esta compra de tiempo del Tribunal (a precios favorables por la compra en volumen) sería el mismo que los hoy subsidios a los partidos. Habría una bonificación de 25% en tiempo a los candidatos cuyo partido haya publicado - con total transparencia - la lista de sus donantes partidarios, incluyendo la identificación real de los que influyen sobre las sociedades anónimas (no bastará con que no sea dueño).

Esto no resuelve del todo el problema, pero lo disminuye considerablemente ya que no sería imprescindible ser súper-rico para tener una candidatura viable. Además, como electores nos ahorraríamos la venta vía publicidad de candidaturas como si fueran una pasta de dientes, y podríamos ver a los candidatos presentando sus ideas y defendiendo su historia en plan serio, confrontándolas con las del competidor. La decisión electoral migraría desde quién es el más bonito(a), hacia las ideas, de cómo se maneja el candidato bajo presión, y su presentación… produciendo la posibilidad de funcionarios más preparados para hacer buen gobierno.

Sería un salto cualitativo importante… ¿será posible que los políticos la adopten en esta o en alguna otra versión mejor con el objetivo de mantener una persona > un voto? ¿Exceso de idealismo de mi parte? ... quizás, pero hay momentos cuando la injusticia es tal que las soluciones idealistas son las únicas que son realistas. ¡Yo siempre optimista!

El autor es presidente de la Fundación para la Libertad Ciudadana


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