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marianelap@prensa.com La deuda pública sigue limitando considerablemente el desarrollo de la nación. En el año 2006, de acuerdo con el proyecto de presupuesto general del Estado que presentó el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, los intereses, comisiones y amortizaciones de la deuda panameña costarán mil 712 millones de dólares. Este monto equivale al 25% del presupuesto total del Estado, duplica el monto de inversiones públicas programadas y excede con creces los fondos que el Ejecutivo destinará a los programas de fomento a la producción nacional o a la construcción de escuelas, hospitales y obras de infraestructura (ver tabla). El peso de este servicio de la deuda es tal, que uno de cada cuatro dólares que el Estado administrará en el año 2006 irá a parar a las cuentas bancarias de los acreedores nacionales y extranjeros, en lugar de ser invertido en las prioridades de salud, educación y desarrollo económico del país. "Aún no hemos podido superar el círculo vicioso del endeudamiento público. Seguimos adquiriendo deuda para pagar deuda", advirtió Adolfo Quintero, presidente del Colegio de Economistas. Y mientras eso continúe, será difícil que la actual administración alcance las metas socioeconómicas que tiene planteadas, principalmente la de reducción de la pobreza, acotó. Estos servicios de deuda incluyen 500 millones de dólares para el pago del vencimiento de un bono o la redención anticipada del bono 2024. Un déficit indomable El presupuesto del próximo año está fundamentado en estos supuestos macroeconómicos: la economía del país crecerá 5%, la inflación oscilará entre 1.5% y 2%, y el déficit fiscal será equivalente a 2.9% del producto interno bruto (PIB). Con estos supuestos, el Ejecutivo ha dejado en evidencia que el próximo año será imposible cumplir con el tope que la actualmente suspendida Ley de Responsabilidad Fiscal le fija al déficit de 2% del PIB. "Hasta 2007 será imposible cumplir con ese tope", reconoció Carlos González, director de Presupuesto de la Nación. Esa ley, que fue suspendida por esta administración para los años 2004 y 2005, volverá a entrar en vigencia en diciembre de 2006, pero con algunas modificaciones. El concepto de déficit será flexibilizado y el nuevo tope será establecido en forma gradual, conforme al nivel de saneamiento de las finanzas públicas. Inversiones récord El ministro de Economía y Finanzas, Ricaurte Vásquez, destacó ante la Asamblea Nacional que el Gobierno ejecutará en 2006 el presupuesto de inversiones "más elevado de la década": 881.5 millones. La red de protección social que ha estructurado el presidente, Martín Torrijos, está incluida en ese plan de inversiones. Los programas sociales que pondrán en marcha en 2006 para atender las necesidades de los sectores más vulnerables costarán 166.7 millones de dólares. Entre los proyectos de mayor importancia, el ministro citó los orientados a corregimientos pobres, nutrición y alimentación, educación y capacitación para el trabajo, salud y viviendas de interés social. "Se reduce el déficit fiscal de 3.6% en 2005 a 2.9% en 2006 y se logra un significativo aumento de la inversión, pero financiadas básicamente con un aumento del ahorro corriente y no mediante aumento relativo de la deuda", aseguró Vásquez. Luego de cuatro años consecutivos de cifras rojas, la burocracia central registrará en 2006 un ahorro corriente de 282 millones de dólares. Esto evitará que se financien sueldos e intereses con aumentos de la deuda y permitirá cubrir con recursos propios una mayor porción de la inversión pública. "Por ello se desacelerará el crecimiento de la deuda, que bajará en relación al PIB de 66.9% en 2005 a 63.7% a fines de 2006", dijo Vásquez. En cuanto a indemnizaciones por fallos arbitrales dictados contra el Estado, ninguna de ellas está prevista en este presupuesto. "Esas indemnizaciones están aún en discusión. Se están reconsiderando los fallos o los montos, y mientras eso no se defina no pueden ser incorporados", justificó González.
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