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Especial para La Prensa Lorena tiene 16 años y vive con su mamá que es vendedora de billetes de lotería. Una mañana caminaba para el colegio cuando unos hombres se bajaron de un carro, la subieron a la fuerza y la violaron. "No conté nada para no herir a mi mamá", dice la adolescente. Su madre se dio cuenta del brutal ataque cuando Lorena ya tenía cinco meses de embarazo. Son historias como la de esta joven víctima de violación que motivaron a la abogada colombiana Mónica Roa a pedir ante la Corte Constitucional la despenalización del aborto. La abogada sustenta su petición jurídica en estudios internacionales como el de la ONG internacional Women’s Link Worldwide, que pidió en abril pasado que el aborto no sea considerado un delito cuando la mujer interrumpe su embarazo porque su vida está en peligro, ha sido violada o el feto sufre graves malformaciones que le ocasionarían la muerte a pocos días de haber nacido. "Conozco la demanda instaurada por Mónica Roa y me parece muy rigurosa, responsablemente hecha y va a obligar a la Corte a desempeñarse a fondo", dijo el candidato a la Presidencia de Colombia, Carlos Gaviria Díaz. Candente debate No son pocas las voces en favor y en contra, unas en forma apasionada y otras con mesura sobre el tema que está en plena ebullición. El pronunciamiento en días pasados del presidente Álvaro Uribe Vélez en el sentido de que la firma del protocolo de la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer –Cedaw– no obligaba al gobierno a despenalizar el aborto, encendió el debate y afiló las plumas. "El primer mandatario es muy libre –faltaría más- de profesar las ideas religiosas que a bien tenga. Pero debe recordar que no es solamente el presidente de los obispos, ni de un sector de creyentes en determinadas doctrinas, sino el de todos los colombianos y que la órbita íntima de la conciencia religiosa no puede transferirse sin beneficio de inventario a las posiciones del Estado", decía el diario El Tiempo en su editorial del pasado 24 de agosto."Hemos recibido apoyo de editorialistas en los principales medios de comunicación, columnistas, candidatos presidenciales y de la opinión pública. Por primera vez logramos que los hombres empiecen a hablar del tema sin considerarlo exclusivamente un asunto de mujeres, porque lo estamos tratando en una forma clara y libre de pasiones", aseguró Mónica Roa. Tampoco es reducido el número de organizaciones internacionales y nacionales que de una u otra forma respaldan la propuesta, entre ellas Las Católicas por el Derecho a Decidir, la Liga de Mujeres Desplazadas de Cartagena y la ONG internacional Human Rigths Watch, entre otras. Frente a la explícita solidaridad han surgido otras posturas que preocupan a Mónica Roa y a sus colaboradores. Durante un encuentro realizado en el Concejo de Medellín dos meses atrás, ella fue objeto de calificativos amenazantes. Por esa razón, las autoridades le asignaron dos escoltas para proteger su vida. "Son grupos muy pequeños y dentro de todo el proceso que hemos vivido han sido la excepción. No obstante, tienen mucho poder y mucho dinero; pueden publicar avisos de 50 millones de pesos (unos 21 mil dólares) en los diarios", dijo la abogada. Preocupantes cifrasAunque en Colombia el mayor número de mujeres que ha abortado pertenece a la población más pobre, los estudios del Centro de Investigación sobre Dinámica Social (CIDS) reflejan que mujeres de todos los estratos socioeconómicos lo practican. En el mundo, sólo el 0.4% de la población vive en países donde el aborto está absolutamente prohibido. Según el Centro para Derechos Reproductivos (CRR), Colombia, Chile, Ecuador y Venezuela son los únicos países de América Latina que prohíben la interrupción voluntaria del embarazo bajo cualquier circunstancia. Aunque en Colombia se observa una gran disminución en la tasa global de fecundidad, el 24% de los embarazos termina en aborto y el 26% en nacimientos no deseados, de acuerdo con las cifras suministradas por Profamilia. El CIDS muestra además que el 22.9% de las mujeres colombianas entre 15 y 55 años declara haber tenido un aborto inducido. Entre las adolescentes menores de 19 años, el porcentaje llega a 44.5%, es decir, una de cada dos.Conceptos encontradosEl panorama en cifras se mezcla entre los conceptos religiosos y legales. "La iglesia Católica frente al aborto ha tenido una posición definida y clara, sobre todo en el contexto del quinto mandamiento, no matarás. La vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. En ese sentido, naturalmente se entiende que la Iglesia ha considerado siempre que el aborto provocado es un crimen abominable", expresó el padre Jaime Restrepo, secretario adjunto y director del departamento de familia y vida de la Conferencia Episcopal.Por su parte, la Procuraduría General de la Nación es clara en sus conclusiones: "Hay que declarar la exequibilidad del artículo 122 de la Ley 599 de 2000,bajo la condición de que no sea incluida como conducta objeto de penalización la interrupción voluntaria del embarazo". La Procuraduría instó al Congreso a desarrollar una legislación sobre los derechos reproductivos de la mujer que considere los tratados y las recomendaciones de organismos de derechos humanos, así como a incluir políticas de educación dirigidas a la población más vulnerable.Mientras se calienta la discusión sobre el aborto, Colombia tendrá que esperar hasta diciembre para conocer el fallo de la Corte Constitucional.El Tiempo en su editorial del pasado 24 de agosto. "Hemos recibido apoyo de editorialistas en los principales medios de comunicación, columnistas, candidatos presidenciales y de la opinión pública. Por primera vez logramos que los hombres empiecen a hablar del tema sin considerarlo exclusivamente un asunto de mujeres, porque lo estamos tratando en una forma clara y libre de pasiones", aseguró Mónica Roa. Tampoco es reducido el número de organizaciones internacionales y nacionales que de una u otra forma respaldan la propuesta, entre ellas Las Católicas por el Derecho a Decidir, la Liga de Mujeres Desplazadas de Cartagena y la ONG internacional Human Rigths Watch, entre otras.
Frente a la explícita solidaridad han surgido otras posturas que preocupan a Mónica Roa y a sus colaboradores. Durante un encuentro realizado en el Concejo de Medellín dos meses atrás, ella fue objeto de calificativos amenazantes. Por esa razón, las autoridades le asignaron dos escoltas para proteger su vida.
"Son grupos muy pequeños y dentro de todo el proceso que hemos vivido han sido la excepción. No obstante, tienen mucho poder y mucho dinero; pueden publicar avisos de 50 millones de pesos (unos 21 mil dólares) en los diarios", dijo la abogada.
Preocupantes cifras Aunque en Colombia el mayor número de mujeres que ha abortado pertenece a la población más pobre, los estudios del Centro de Investigación sobre Dinámica Social (CIDS) reflejan que mujeres de todos los estratos socioeconómicos lo practican.
En el mundo, sólo el 0.4% de la población vive en países donde el aborto está absolutamente prohibido. Según el Centro para Derechos Reproductivos (CRR), Colombia, Chile, Ecuador y Venezuela son los únicos países de América Latina que prohíben la interrupción voluntaria del embarazo bajo cualquier circunstancia.
Aunque en Colombia se observa una gran disminución en la tasa global de fecundidad, el 24% de los embarazos termina en aborto y el 26% en nacimientos no deseados, de acuerdo con las cifras suministradas por Profamilia.
El CIDS muestra además que el 22.9% de las mujeres colombianas entre 15 y 55 años declara haber tenido un aborto inducido. Entre las adolescentes menores de 19 años, el porcentaje llega a 44.5%, es decir, una de cada dos.
Conceptos encontrados El panorama en cifras se mezcla entre los conceptos religiosos y legales.
"La iglesia Católica frente al aborto ha tenido una posición definida y clara, sobre todo en el contexto del quinto mandamiento, no matarás. La vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. En ese sentido, naturalmente se entiende que la Iglesia ha considerado siempre que el aborto provocado es un crimen abominable", expresó el padre Jaime Restrepo, secretario adjunto y director del departamento de familia y vida de la Conferencia Episcopal.
Por su parte, la Procuraduría General de la Nación es clara en sus conclusiones: "Hay que declarar la exequibilidad del artículo 122 de la Ley 599 de 2000,bajo la condición de que no sea incluida como conducta objeto de penalización la interrupción voluntaria del embarazo". La Procuraduría instó al Congreso a desarrollar una legislación sobre los derechos reproductivos de la mujer que considere los tratados y las recomendaciones de organismos de derechos humanos, así como a incluir políticas de educación dirigidas a la población más vulnerable. Mientras se calienta la discusión sobre el aborto, Colombia tendrá que esperar hasta diciembre para conocer el fallo de la Corte Constitucional. Además en mundo
• ‘Katrina’ deja 2 mil niños desaparecidos
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