Todas las personas y organismos que reciban recursos del Estado o de alguna de sus entidades, serán fiscalizados por la Contraloría General de la República y estarán obligados a presentar informes financieros semestrales sobre el avance y la gestión de los proyectos que ejecuten.
Lo anterior aparece en el proyecto de ley "por el cual se dictan medidas para la transparencia en el uso de recursos provenientes del Estado o de entidades públicas y privadas, nacionales o extranjeras, destinados a fines de la función pública".
