DERECHOS.

Naciones se centran en abusos

Tras años de inercia, gobiernos a lo largo de América Latina han mostrado en fechas recientes un asombroso vigor en la persecución de violaciones a los derechos humanos que ocurrieron, en algunos casos, hace 30 años o más. Chile, por ejemplo, ha ofrecido compensaciones a víctimas de tortura y ha obligado al ejército a que se disculpe por sus abusos, en tanto que la Suprema Corte de la Argentina declaró en junio que un par de leyes de amnistía que databan de los años 80 eran inconstitucionales.

¿Por qué esta repentina actividad? Después de todo, la reapertura de temas como las desapariciones forzadas, tortura y asesinatos sancionados por el Estado es dolorosa para cualquier sociedad y difícilmente es tan popular entre los electores como, digamos, la creación de empleos o la construcción de carreteras o escuelas.

''Lo que está ocurriendo actualmente no es una coincidencia, o algo similar a una flor que se abrió de la noche a la mañana'', argumenta víctor Abrahamovich, perteneciente al Centro para Estudios Legales y Sociales aquí, uno de los principales grupos de Argentina por los derechos humanos. ''Es un proceso regional que ha requerido de muchos años para alcanzar su madurez''.

De hecho, incluso naciones que durante varios años hicieron todo lo que pudieron por olvidar el pasado ahora han estado confrontando incidentes que en alguna época se creyó que estaban enterrados seguramente. En Uruguay, un gobierno de izquierda, encabezado por Tabaré Vázquez, asumió el poder por primera vez en marzo y el ex presidente Juan María Bordaberry fue acusado formalmente tres meses después por los asesinatos de dos dirigentes políticos cometidos en 1976.

Uno de los factores es claramente generacional. Hombres y mujeres que alcanzaron la mayoría de edad política durante la cúspide de los abusos en los años 70 actualmente se están convirtiendo en presidentes, jueces, ministros de gabinetes y senadores, como el presidente Néstor Kirchner aquí y su esposa, la senadora Cristina Fernández.

Ahora que las fuerzas armadas están al margen en cada país de la región incapaces ya de intimidar a parientes de víctimas, ya no digamos interferir directamente como hicieron en el pasado, las personas que tiene alegatos de abuso también se sienten más cómodas expresando lo sucedido. Después de 20 años, los ciudadanos finalmente están dispuestos a creer que la democracia llegó para quedarse.

Pero, quizás un aspecto de mayor importancia es que actualmente existe un cuerpo de leyes internacionales para garantizar que, una vez que los casos sean entablados, se puedan ganar. A lo largo del último decenio, varios países en la región han aprobado nuevas constituciones o leyes que valoran como sagrada la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la cual interpreta y aplica la convención, por encima de su propia jurisprudencia nacional.

El principal antecedente citado en el fallo que emitió la Suprema Corte aquí en junio, por ejemplo, no fue un caso argentino sino uno peruano, el denominado dictamen de Barrios Altos de noviembre del 2001. En ese caso, la Corte Interamericana dictaminó que no había estatuto de limitaciones con respecto a crímenes en contra de la Humanidad y le ordenó al Perú que revirtiera dos leyes de amnistía que impedían que un escuadrón de la muerte patrocinado por el Estado fuera llamado a rendir cuentas por la matanza de 17 personas una década antes.

En total, 22 naciones latinoamericanas y del Caribe han aceptado la jurisdicción de dicha corte. Si bien Estados Unidos sermonea constantemente a países latinoamericanos con respecto a violaciones de los derechos humanos, no ha ratificado la convención de 1969 y por consiguiente no reconoce la jurisdicción de la Corte, situación que no ha impedido que la Corte haga surgir interrogantes acerca del trato que reciben prisioneros talibanes que están detenidos en la base de Bahía de Guantánamo, en Cuba.

Incluso durante los años en que gobiernos latinoamericanos fueron indiferentes hacia el tema, grupos por los derechos humanos siguieron lanzando golpes, creando casos en contra de transgresores de los que estaban seguros que literalmente se habían salido con la suya en casos de asesinato. Si hubo un solo giro radical, sin embargo, probablemente fue la detención del general Augusto Pinochet en Londres, en 1998.

Al final, cortes británicas rechazaron una petición española de extradición y permitieron el regreso de Pinochet a Chile, donde continúan esfuerzos con miras a enjuiciarlo. "Sin embargo, la sola idea de que un jefe de Estado no tuviera inmunidad y pudiera ser tratado como cualquier otro ciudadano fue un revolucionario hallazgo que reverberó a lo largo de la región" y aún lo hace, dijo José Miguel Vivanco, el director de la División Latinoamericana de Human Rights Watch, grupo con sede en Washington.

"El encarcelamiento de Pinochet fue un ejemplo contagioso, un catalizador", destacó Miranda, el dirigente de los derechos humanos en Uruguay. "Nos dio un manual con respecto a lo que se podía hacer".

Muchos de los gobiernos que han reabierto el tema de los derechos humanos, como el presente aquí y en Uruguay, efectivamente tienen un tinte de izquierda. Sin embargo, el presidente peruano, Alejandro Toledo, Vicente Fox de México, así como Oscar Berger de Guatemala, todos conservadores, también han dado pasos con miras a una reducción de cuentas por abusos en sus respectivos países, y han sido más asertivos que Luiz Inacio Lula da Silva, quien encabeza el primer gobierno de izquierda que fue elegido popularmente en Brasil.

"Sin importar cuál sea su tinte ideológico, un gobierno moderno quiere ser percibido como una administración que respeta el estado de derecho", según palabras de Horacio Rosatti, catedrático de derecho constitucional y ex ministro de justicia en este país. "El estado de derecho significa que, con el tiempo, la justicia debe prevalecer".

The New York Times News Service

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