| ESCÁNDALO.Existe una investigación judicial en marcha.
Imputan cargos a ejecutivos del Banco de Santander
Informes obtenidos por EFE revelaron que los ejecutivos son señalados directamente dentro del proceso legal.
| J.L. Pino/EFE |
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| ACUSADO Emilio Botín es investigado por delitos fiscales.559210 |
MADRID, España/EFE
El presidente del actual Santander Central Hispano (SCH), Emilio Botín, y los siete integrantes de la Comisión Ejecutiva del Banco de Santander en 1994 deberán declarar, el próximo noviembre, como imputados por un presunto delito fiscal, según una providencia judicial a la que ha tenido acceso EFE.
El presunto delito fue cometido tras la entrega del 1% de las acciones de la entidad financiera española Banesto a trece ex directivos del Santander.
Según la providencia de la jueza de Santander (norte) que instruye el caso, Emilio Botín, Matías Rodríguez Inciarte, Dimas Blanco Valdivielso, José Luis Díaz Fernández, Rafael Alonso Botín, Rodrigo Echenique, Juan Secades e Ignacio Benjumea pasarán por el juzgado entre el 7 y el 9 de noviembre.
Esta causa, iniciada a raíz de una querella del ex consejero de Banesto Rafael Pérez Escolar, investiga si el Banco de Santander cometió un delito fiscal al no hacer las retenciones tributarias correspondientes cuando en 1994 entregó esas acciones a los trece directivos que puso al frente de Banesto para que lo reflotaran.
Los dirigentes del Santander defenderán sus declaraciones ante la jueza que las retenciones no se hicieron en ese momento porque la adjudicación definitiva estaba condicionada a que se cumpliera un plan de viabilidad.
Las retenciones se efectuaron en 1998, cuando el Santander dio por conseguidos los objetivos que había impuesto a los dirigentes que había situado al frente de Banesto e hizo efectiva la entrega de esos títulos.
Según el Santander, su actuación no perjudicó en ningún momento los intereses de Hacienda, ya que al declararse esta operación en 1998 sus arcas recibieron 21.9 millones de dólares más que si se hubiera hecho en 1994.
Frente a esta versión, las acusaciones mantienen que el Santander debería haber realizado las retenciones en 1994.
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