| DERECHOS.
Con activos, señor Presidente
Isaac Rodríguez
La sentencia emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en el caso de los trabajadores afectados con la Ley 25 de diciembre de 1990, tiene trastornado a cuanto mandatario y gobierno haya asumido las riendas del Estado panameño, desde que se vislumbraba la cruda realidad que era imposible responsabilizar a dichos funcionarios públicos, en la más insensata y burda patraña que se les trató de vincular.
De nada sirvieron las estrategias preparadas por los abogados y funcionarios de cancillería panameña y sus viciados testigos, entre los que se contó con ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ante verdaderos impartidores de justicia, como lo son los jueces de esta corte regional.
Por primera vez se pudo presentar, por ambas partes, las evidencias necesarias sin que se sintiera la mano peluda de los detentadores del poder político. Se tuvo el tiempo suficiente y los recursos del Estado al servicio de la parte acusada, que articuló en la fase sumaria del proceso. Se pagaron viáticos y pasajes a los funcionarios de los gobiernos, en las diversas ocasiones que viajaban, a trabajar en su propósito. Se contrataron peritos, urgidos en un malsano proyecto.
Lo que no podían cambiar era el curso de la historia y la verdad brotó de los claustros y catacumbas en donde la mantenían secuestrada. Rompió las cadenas y se hizo sentir, con un grito espeluznante que estremeció peor que una erupción del volcán Arenal a San José, clamando justicia.
Una demanda de violación a los derechos humanos de segunda generación, obtuvo la victoria justa, en un pleito que se caracterizó por desigualdades y ventajas. Se sienta un precedente único en la historia y con repercusión para toda Latinoamérica, en donde los gobernantes ya no podrán hacer en sus países lo que les dé la gana, con los funcionarios públicos. La sentencia condena al Estado panameño a pagar los salarios caídos de los afectados, a restituirles en sus puestos con los derechos que mantenían cuando fueron destituidos y de no ser posible dicha acción, a liquidarles según las normas vigentes a esa fecha de cada institución; al pago de una cantidad por daños morales infligidos y al pago de costas a los abogados de la defensa de los trabajadores. Dura lex, sed lex.
Se ha pretendido pasar al olvido el dictamen de la Corte Interamericana o hacer toda clase de arreglos, chapucerías o tejemanejes, que son revocados por estar desapegadas al fallo. Nuestro Estado se hizo signatario de dicho convenio, por tanto, está en la obligatoriedad de cumplir con las resoluciones que emita tal tribunal. Eso lo saben muy claramente todos los gobernantes. Son quince años de larga espera y duro esfuerzo de familias, en que muchos lo han perdido casi todo, menos la fe. Se agotó, por los perjudicados, toda la vía gubernativa interna y en ese transcurrir, a muchos se les agotó la vida.
Ahora los gobernantes aducen no contar con el capital líquido para hacer frente a la millonaria deuda, por lo que queda el gran interrogante ¿Cómo pagar? Práctico y objetivo señor Presidente, señores ministros, la nación posee un conjunto de activos, entre los cuales están: las áreas revertidas, fincas secuestradas por el Banco Nacional de Panamá, proyectos de vivienda, bonos del Tesoro Nacional, bienes en remate, acciones de empresas estatales, etc.
Empiece haciendo ofertas prudentes a los trabajadores y entre ellas, a muchos les interesará.
Hay fórmulas de pagar y muchas opciones. A no ser que esto sea un privilegio exclusivo para extranjeros, que con jugadas chuecas y alianzas secretas de nacionales, se han quedado con medio patrimonio nacional, en desventaja de los nuestros.
No quisiera recordarles a algunos ministros actuales, que ellos eran parte de la dirigencia del sector público de ese entonces y están tan claros como nosotros, que jamás hubo nada que nos vinculara a las acciones de los extintos militares y que el objetivo criminal de los autores intelectuales de tal ley, fue el decapitar a la dirigencia del movimiento sindical de la Coordinadora por el Derecho a la Vida, que luchaba para que no se eliminara el XIII mes de los empleados públicos; las evaluaciones anuales, existentes en muchas instituciones y el reintegro de destituidos. En esa lucha, caímos muchos peleando y jamás doblamos ni las rodillas, ni la cerviz y pese a haberse pasado un cerco de hambre y vicisitudes menos pensadas, no los vimos a ustedes como traidores, por el simple hecho de no haber sido destituidos en ese momento.
A los artífices generadores de tan oprobiosa ley, ya les hemos demostrado que no les guardamos rencor y para ustedes se está aplicando la ley divina, cargando con el karma del daño ocasionado a tantos inocentes.
A los jueces y magistrados que se plegaron al poder y no a la justicia, lamento que no tengan la moral ante sus estudiantes y condiscípulos, quienes los han visto languidecer en el basurero de la historia. A tantos y tantos abogados, profesores, estudiantes, obreros, campesinos, intelectuales y políticos honestos, que se mantuvieron viriles ante tal injusticia, nuestro agradecimiento será eterno. Ahora veremos si en verdad se quiere hacer justicia o nos querrán considerar ciudadanos de segunda categoría. ¡Usted tiene la palabra señor Presidente!
El autor es politólogo
Además en opinión
• Kunta Kinte Penedo: Daniel R. Pichel
• El panameñismo: Ramón A. Tello De León
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