| CLERECÍA.
Iglesia católica y tolerancia cero
Xavier Sáez-Llorens
Después de tantas décadas de encubrimiento, pago subterráneo de indemnizaciones y traslados institucionales de párrocos depravados, involucrados en casos de paidofilia y pederastia, la palabra decencia fue finalmente pronunciada en El Vaticano, cuando el pontífice Wotjila exhortó a una política de cero tolerancia contra los desmanes sexuales ejecutados por su clerecía contra niños y adolescentes. A pesar de este arrepentimiento, el cardenal Bernard Law de Boston, principal encubridor de numerosos pederastas estadounidenses, estuvo presente en la votación para elegir al sucesor Benedicto XVI.
Como era de esperar, las denuncias contra sacerdotes lujuriosos fueron primero evidentes en países con prensa independiente y menos manipulable por los poderes religiosos.
Con la creciente libertad de expresión en Panamá, era sólo cuestión de tiempo para que se presentaran acusaciones contra delincuentes sexuales amparados tradicionalmente bajo una sotana protectora. Confieso haber sentido complacencia por la decisión de la justicia panameña de condenar a un cura local por estos abominables actos, denunciados públicamente por víctimas inocentes de nuestra región interiorana.
Aunque a mi juicio la condena resultó tímida y no sancionó a los jerarcas encubridores, al menos fue una clara señal indicando que nadie, ni siquiera los supuestos emisarios divinos, puede estar por encima de la ley humana.
Los abusos sexuales a menores, cometidos por el clero o por cualquier otro individuo, deben ser tratados como delitos y no como pecados, ya que en todos los ordenamientos jurídicos democráticos del mundo éstos se tipifican como ofensa penal. Es también delincuente todo aquel que, de forma consciente y activa, encubre u ordena encubrir esos comportamientos deplorables.
Usar como objeto sexual a un menor, ya sea mediante la violencia, el engaño, la astucia o la seducción, supone, ante todo y por encima de cualquier otra opinión, un ruin delito.
Aunque las cúpulas eclesiales lo consideran preferentemente como pecado, jamás puede ser lícito, ni honesto, ni admisible abordarlo sólo como una tentación demoníaca, como se hace en la praxis cotidiana de sus prelados.
La existencia de una cifra enorme de abusos sexuales sobre menores dentro de la Iglesia católica es ya un hecho innegable, que no es puntual, ni esporádico, ni aislado, ni está bajo control, antes al contrario. A juzgar por el número creciente de denuncias, estos delitos parecen representar una práctica cotidiana en las diócesis católicas.
Considerable evidencia, con nombres y apellidos del clero involucrado, procedente de España, Francia, Italia, Alemania, Austria, Polonia, Gran Bretaña, Irlanda, Estados Unidos, Australia, México, Costa Rica, Puerto Rico, Colombia, Argentina, Chile y ahora Panamá demuestra el gravísimo problema a que nos enfrentamos. Tampoco es, ni mucho menos, producto de una campaña emprendida contra la Iglesia por oscuros intereses.
La pérdida de creyentes y de credibilidad que está afectando a la Iglesia católica, desde hace algo más de un siglo, no obedece tanto a la secularización de la sociedad sino a los continuos errores de una institución que se ha desfasado de la realidad contemporánea.
El grave problema de los delitos sexuales contra menores por parte del clero católico no se arregla exorcizando al mítico Lucifer, sino afrontando los grandes gatuperios estructurales de la Iglesia actual y, tanto más importante, acabando con una mentalidad eclesial anclada en la Edad Media y que vive de espaldas al Evangelio que dice defender, para construir una mentalidad de Iglesia moderna y democrática, tan temerosa de Dios -si se me permite usar esta trágica expresión- como de los hombres.
Estoy convencido que si se asegura la confidencialidad de las víctimas, las imputaciones contra cleros traicionados por sus hormonas aumentarán progresivamente. Lo que más encoleriza es que estas descargas lascivas sean perpetradas contra una infancia que todavía busca afanosamente su identidad sexual.
La reacción de la cúpula eclesial de fustigar a los medios periodísticos por el desenlace de tan sonado caso no sólo es inaceptable sino francamente deplorable. Esta perniciosa declaración desenmascara el tradicional doble discurso e inmoralidad que los autodenigra. Realmente patético.
El autor es médico
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