FOTODENUNCIA Bóvedas acuáticas

LA PRENSA|Jihan Rodríguez

LAGO ARTIFICIAL | ¿Le parece que las autoridades construyeron este lago para que los turistas se recrearan en él? No, está equivocado. A pesar de la gran acera que rodea la Plaza de Francia, en el Casco Viejo de esta ciudad, los visitantes que van a este lugar deben caminar en hilera y con mucho cuidado para no mojarse los pies. Cuando llueve, que ahora es casi todos los días, el agua se empoza porque los drenajes están tapados, y todavía no hay quién resuelva el problema. Con esta cara triste y húmeda es que recibimos a los turistas. Qué pena.

Hace falta un inspector de obras públicas

El Estado panameño adjudica a empresas privadas contratistas la construcción de un número plural de obras públicas. Lo que me preocupa es que muchas de estas empresas incumplen con las especificaciones, términos y condiciones consagradas en el pliego de cargos. Igualmente durante el periodo de la construcción, la fiscalización por parte del Estado es prácticamente nula o muy esporádica. Abogo porque en cada obra pública, desde su inicio hasta la finalización de esta, haya un inspector de obra designado por el Estado a fin que de manera permanente supervise todas y cada una de las etapas de la obra. Esto con el propósito que el contratista se ajuste al pliego de cargo, el cual contempla sus obligaciones.

Por la falta de esta supervisión hemos sido testigos de carreteras que se construyen, y al cabo de un par de años están totalmente deterioradas e intransitables, a pesar de que su vida útil es de un término mayor. Observo igualmente construcciones de todo tipo de infraestructuras, que en un tiempo corto presentan rajaduras y vicios en lo que se refiere a su construcción.La falta de ese funcionario está generado pérdidas millonarias económicas al erario público en materia de inversiones, y además propicia que una obra necesaria para atender el problema de una comunidad no se resuelva debidamente, con la consecuente queja justificada por parte de los ciudadanos.

La falta de cumplimiento por parte de algunos contratistas se implementa desde utilizar materiales de baja calidad, hasta eliminar algunos del todo, con el propósito inmoral de generar mayores ganancias y utilidades a costa de sacrificar una obra comunitaria que, con conocimiento de causa, él mismo entiende que se va a deteriorar rápidamente producto de su incumplimiento. Reitero que no debe continuar la práctica gubernamental de no contar con un inspector, el cual debe estar adscrito a cada obra pública para que supervise, vigile el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con el Estado, ese que estará recibiendo obras con daños y vicios que definitivamente afectarán su vida útil y perjudica a las comunidades.

Rafael Solano

Derecho a réplica por nota del informe de las gaseosas

He leído en la publicación de hoy de La Prensa, un artículo firmado por el periodista Mario Muñoz titulado "Informe de gaseosas, desfasado". Sobre el particular me gustaría realizar los siguientes comentarios:

1. El estudio hace referencia la boletín de la industria manufacturera del año 1999 de la Contraloría General de la República como una de sus fuentes de información. Hubiera sido muy valioso que el periodista también se refiriera a las encuestas sobre gustos y hábitos de consumo de gaseosas en todo el país, realizadas en los años 2003 y 2004, que forman parte del estudio, así como de mucha otra información que se introduce en el mismo.

2. La institución ha querido honrar la participación del licenciado Eduardo Carrasquilla, funcionario de la institución hasta el mes de septiembre de 2004, por su participación en el equipo de funcionarios encargados de la elaboración del estudio. En el documento consta que en la actualidad él no es funcionario de la institución, pero el rigor científico nos obliga a hacer constar su participación en la elaboración del estudio.

3. El periodista Muñoz ha sido atendido en la institución sobre cualquier tema en particular las veces que lo ha requerido. Nos gustaría, en el futuro, que ante comentarios denigrantes sobre el trabajo de profesionales de la institución, procure consultar la fuente primaria del estudio.

Dr. Gustavo Adolfo Paredes M. Comisionado de la CLICAC

¿Qué pasa con las drogas confiscadas?

La revista Semana del 17 de abril de 2005 trae un artículo muy interesante, con el título de "¡Estupefactos!", en el que se puede leer esta introducción."La Dirección Nacional de Estupefacientes se ha convertido en una de las entidades que más dinero tiene a cargo. Su caos administrativo la ha vuelto foco de corrupción". Si esto ocurre en Colombia me pregunto ¿qué estará ocurriendo en Panamá?

Aquí se decomisan cientos de kilos de cocaína y cantidades apreciables de heroína y marihuana.Los periódicos lo reportan.Posteriormente se informa al público en forma irregular e infrecuente, que se ha procedido a quemar droga incautada.Pero, ¿cuáles son los controles que hay sobre el manejo de estas drogas?¿Sabe alguien qué medidas de seguridad hay para que las drogas almacenadas sigan ahí después de realizado el decomiso?

¿Hasta qué punto se cumplen esas medidas? ¿Sabe alguien si lo que se quema es realmente lo que se había incautado?¿Y si la cantidad quemada es la que se había confiscado?Lo siento, pero no recuerdo haber visto información clara sobre el tema en los medios de comunicación, y realmente me inquieta que pudiéramos estar encomendando el cuidado del queso a los ratones.¿O me van a decir que los funcionarios encargados del manejo y cuidado de las drogas confiscadas son tan honestos que jamás cometen fechorías con esta mercancía de tanto valor?

Juan Manuel Handal

Informe sobre gaseosas de la CLICAC está desfasado

Tengo más de 20 años de estar en el negocio de la venta de gaseosas y realmente es lamentable que la CLICAC ponga en su página web, como actualidad, un informe de gaseosas que tiene datos de 1999 respecto de la producción de bebidas alcohólicas, según el "boletín de la industria manufacturera de 1999" de la Contraloría General de la República, entre otros datos desfasados.

Si usted revisa la página web de la Contraloría General de la República, encontrará datos mucho más recientes, e incluso en el mismo boletín impreso sobre la industria manufacturera para años hasta el 2003. Esto es importante señalarlo en la página del consumidor, pues hay que informar al público consumidor y a los agentes económicos con datos más actualizados.

Frankling Hanes

Que no hay línea editorial ‘virada’ en La Prensa

El Dr. Sáez-Llorens ignora que además de la suya, hay una diversidad de opiniones acerca del exterminio de la vida humana, y que no necesariamente se trata de política, religión o mucho menos de la línea editorial ‘virada’ de La Prensa. Hay libertad de expresión y eso es innegable.

Quien considere que el aborto no debe ser un método anticonceptivo, tiene derecho a expresarlo y a hacerlo público, y las personas que tomen la decisión que más les convenga.Por su parte, un medio de comunicación se justifica promoviendo esos espacios, como se lo ha ofrecido al Dr. Sáez-Llorens para que ofenda, critique y catalogue a las personas que poseen valores irreversibles con frases prejuiciosas y calificativos injuriosos.

Tiene suerte él de vivir en una sociedad tan tolerante, en un país tan pluralista o de que La Prensa tenga lectores con gran comprensión, que lo leen como quien oye llover. Expresarse así en otras latitudes le valdría la diáspora, la persecución o el anonimato. Más bien los espacios de opinión deberían inclinarse hacia escritores que promuevan la pluralidad, el respeto, los valores sociales y morales, orientados hacia posturas correctas, que jueguen un papel orientador y educativo, y no se inclinen hacia la obstinación sesgada de un solitario y oscuro pensamiento que se golpea contra la pared, una y otra, y otra vez.

Ezequiel García

Cuentas claras, y pagos según la ley

En la edición del 13 de agosto, en notas tituladas "Gobierno adelanta pago a ex servidores de la Ley 25" y "Resarcirán daño moral a ex funcionarios", se reporta que el Gobierno nacional pagará a los ex servidores públicos afectados por la Ley 25 de 1990 la suma de 800 mil dólares "correspondientes al resarcimiento del daño moral que incluyó la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos". Las notas agregan que el Estado aún les adeuda 41 millones de dólares, además de un millón en concepto de devolución del impuesto sobre la renta que les fue retenido en el pasado por la Contraloría General de la República.Buscando en ediciones anteriores de La Prensa, sin embargo, encontré una nota similar del 4 de agosto de 2001 ("Gobierno inicia pago a ex trabajadores del antiguo IRHE") en donde el propio diario reportaba que esas mismas personas habían sido beneficiadas con un total de 810 mil dólares por motivo de ese "daño moral".

La Prensa informó en esa fecha que "cada ex trabajador recibió ayer (3 de agosto de 2001) un cheque de 3 mil dólares por los daños morales que les fueron causados con el despido". Pareciera entonces que lo que se está gestionando ahora es un doble pago por una misma causa que ya fue resarcida cuatro años atrás.Asimismo, al leer la parte decisoria de la sentencia de la Corte Interamericana a la que aluden estas notas (publicada en la página web www.corteidh.or.cr con fecha 3 de febrero de 2001) se observa que esa Corte no impuso el pago de ninguna cifra específica (mucho menos la de 41 millones) ni tampoco eximió del pago del impuesto sobre la renta, un impuesto que todos los panameños estamos obligados a pagar.Es deber del Gobierno actuar con extremo cuidado en los pagos que realice a dichos ex servidores públicos, pues si bien ellos tienen derechos adquiridos, los contribuyentes no podemos aceptar que con nuestros impuestos se entreguen pagos millonarios exagerados sin fundamento en las leyes nacionales e internacionales.

Mercedes de González