Argentina.

Derechos humanos y ley

"Lo que da al hombre un mínimo de coherencia es la suma de sus obsesiones", afirmaba con la misma insistencia con que yo lo cito, el dramaturgo y periodista Nelson Rodrigues. O dicho en Borges, agudísima y feliz expresión de Guillermo Cabrera Infante, uno escribe un único libro que luego rescribe la vida entera.

Mi obsesión es el vínculo de nosotros los argentinos con la ley y la responsabilidad, temas a los que reiteradamente he aludido de una u otra forma en estos casi siete meses de columna semanal. Obviamente puedo estar equivocado. Pero en este caso estaría profundamente equivocado, puesto que soy tan persistente como enfático en afirmar que "Ley" y "Responsabilidad" constituyen dos conceptos clave y centrales para la interpretación de nuestro errático destino. Un proceso de acumulación originaria propició en los inicios la alianza del imperio español con toda laya de aventureros, reafirmado por la posterior incesante demanda insatisfecha de brazos para la producción y la defensa y obligó a seguir conductas permisivas, condonar penas y contratar reos y reincidentes (Cf. Norberto Ras, El Gaucho y la ley, 1996). En este contexto, poco de qué sorprenderse frente a la asombrosa continuidad del "se acata pero no se cumple" de los primeros adelantados españoles, con el "para los amigos todo, para los enemigos la ley", posible de atribuir a cualquier caudillo de siglos posteriores.

Esta relación complicada con la ley, para decirlo en una forma casi insoportablemente elegante, se potencia y refuerza con el problema de la responsabilidad. El problema, en apariencia complejo, lo es mucho más en su esencia. Si por un lado, ningún país que atravesó la tragedia de las dictaduras de la década del 70 avanzó más en la atribución de responsabilidades a los culpables de genocidio que la Argentina, por el otro, ningún país presenta una relación tan compleja con la atribución de responsabilidades en democracia. Pareciera que la hecatombe de la represión ilegal marcó los límites de la represión legal necesaria para construir en democracia una sociedad ordenada. Tal vez, nada exprese mejor el dilema que la crisis y encrucijada en que se encuentra el tema de los derechos humanos. Dos dictámenes prácticamente simultáneos en el tiempo de la Procuración General, que tocan el corazón de los derechos humanos, lo ponen en evidencia. La posición de radicalidad consecuente con la defensa a ultranza de los derechos humanos, con que la Procuración se expide sobre la constitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, se diluye con un dictamen de la misma institución, que con argumentos endebles y rebuscados, confirma la constitucionalidad de las normas de la misma dictadura que disponen reclusiones perpetuas a menores de edad.

Si en el primer caso la solución política propuesta no es otra que desmontar desde los cimientos el andamiaje jurídico de la ilegalidad militar y sus cómplices civiles posteriores, en el segundo, si nos atenemos a las propuestas oficiales del órgano específico de derechos humanos del gobierno, se trata simplemente del retoque cosmético y la mera limitación de los excesos de las normas de la dictadura que permiten las reclusiones perpetuas a menores de edad. Ningún cuestionamiento a la discrecionalidad y falta de garantías. Paradójicamente en este último caso, argumentos de carácter "progresista", que inexplicablemente conviven con 11 reclusiones perpetuas a menores desde 1997 a la fecha, se utilizan para evadir un debate franco sobre la responsabilidad penal de los adolescentes. Sin embargo, ningún problema en interpelarlos como enfermos o como enemigos e incapacitarlos silenciosamente. Ninguna propuesta para interpelarlos como responsables. Una concepción de los derechos humanos sacralizada y atada exclusivamente al pasado, no pone en riesgo su futuro, pone en riesgo su presente.

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