actualidad.

Una columna bifurcada: Canal y remilitarización

PANAMÁ, R.P. -Si todos los panameños somos accionistas del Canal, como se nos dice repetidamente, ¿por qué es que a los ciudadanos panameños se nos ha excluido de toda la información pertinente al proceso de designar el administrador de la vía?

A pesar de que el mundo entero elogia el manejo actual del Canal, lo que para mí significa un voto global de confianza en las habilidades de Alberto Alemán, administrador actual, parece no haber certeza de qué junta directiva vaya a renovar su designación.

¿Por qué no? ¿Es que la Junta Directiva encuentra que su desempeño ha sido insatisfactorio? ¿Es que él prefiere no continuar en el cargo? ¿O es que hay una maniobra política de por medio? Como accionistas de la empresa, los ciudadanos tenemos derecho a conocer los hechos, porque de otro modo es difícil sobreponerse a la sospecha de que lo que hay aquí es un esfuerzo martinista por colocar a una ficha suya a la cabeza del activo más importante del país, precisamente al momento de iniciarse un mega-proyecto repleto de oportunidades corruptas.

Y de existir razones serias para contemplar la destitución de Alemán, los ciudadanos también tenemos derecho de saber cuáles son los otros candidatos al cargo. Hace algunos días escuché, con horror incontenible, que uno de los candidatos es Nicolás Ardito Barletta, pero el que más suena es Ricaurte Vásquez, persona a quien no logro encontrarle cualidad alguna que justifique su nombramiento.

Por el contrario, solo veo hechos que lo descalifican, comenzando con la prohibición de que se nombre a un miembro de la junta directiva, como lo es Vásquez. Solo en el ambiente corrompido de Panamá podría pensarse que ese obstáculo se sana con una renuncia de último minuto; la comunidad internacional vería esta argucia como una prueba más de que las leyes no valen nada en Panamá, ni siquiera cuando se trata de garantizar el manejo eficiente y apolítico del Canal. Lograr así la remoción de Alemán sería muy mal augurio de lo que nos espera.

Tengo muchísimo más que podría decir sobre ese tema, pero necesito guardar algo de espacio para hablar de remilitarización. El martes reporté que 217 policías panameños y agentes de seguridad (supuestamente civiles) recibieron adiestramiento militar de instructores estadounidenses el año pasado. Eso significa un aumento de casi mil por ciento sobre 2002, el último año en que se tiene cifras fidedignas.

El trasfondo es que el año pasado causó revuelo cuando reporté que un informe del Departamento de Estado señalaba que 914 policías y agentes civiles panameños habían recibido adiestramiento militar estadounidense en 2003, lo que representaba un aumento de cuatro mil por ciento sobre el año anterior y sugería un plan masivo para remilitarizar la policía panameña. Tanto el gobierno de Torrijos como la Embajada de Estados Unidos respondieron con enojo a ese planteamiento y la embajada terminó por señalar que las cifras de su propio Departamento de Estado estaban erradas, aunque jamás ha podido precisar las cifras correctas.

El hecho innegable, sin embargo, es que en 2002, solo 25 policías y agentes civiles panameños asistieron a cursos militares estadounidenses, comparado a 217 en 2004.

Eso es un brinco muy, muy por encima del promedio latinoamericano, por lo que debemos seguir vigilantes ante la posibilidad de una remilitarización.

Debe preocuparnos que los policías y agentes panameños estén aprendiendo "inteligencia", "operaciones militares", "operaciones antidrogas", "anti-terrorismo" e "infantería liviana". Debe preocuparnos que Washington diga que uno de los propósitos de este adiestramiento es que los militares norteamericanos "construyan relaciones duraderas con sus contrapartes panameñas" cuando pensábamos que la eliminación del ejercito había eliminado esas "contrapartes" militares.

Debe preocuparnos que hasta el jefe del Comando Sur, el general John Craddock, comprenda nuestras inquietudes al respecto.

"Yo no quiero adiestrar a policías", me dijo Craddock en mayo. Él sostuvo que esto solo se hace cuando las circunstancias no ofrecen otra opción y cuando la Constitución del país involucrado lo permite. ¿Es ese el caso panameño?

Y debe preocuparnos que el Washington Office for Latin America (WOLA), una organización no gubernamental, señaló el año pasado que ese adiestramiento de "infantería liviana" que están recibiendo nuestros policías es enseñado por las "Fuerzas Especiales" estadounidenses y es un adiestramiento que "fomenta la militarización de fuerzas policiales". WOLA citó a Panamá como "el ejemplo más grave de borrar la distinción entre el rol civil y el militar".

Todo eso debiera preocuparnos.

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