Experta. Alejandra Latapi habla de la experiencia en su país.

Donaciones: el caso mexicano

A partir de 1993, México reglamenta las donaciones privadas a las campañas y se establecen los topes.

En Panamá, sin embargo, el debate está en una etapa embrionaria. El TE ya ha hecho su propuesta.

La Prensa/Maydée Romero

TAREA. Alejandra Latapi habló ante miembros del Consejo Nacional de Partidos Políticos, muchos de los cuales se resisten a divulgar quiénes son sus donantes.548877

El tope en el financiamiento privado a las campañas electorales y la revelación de los donantes le produce urticaria a algunos políticos en Panamá.

Desde hace años, la sociedad civil organizada ha insistido en que se hagan públicos los nombres de los contribuyentes y que se fije un tope a esos fondos. Fue hasta hace poco que dichos clamores fueron escuchados. El Tribunal Electoral (TE), el regente en estos temas, tomó el toro por los cachos.

Así, propuso en el seno de la Comisión Nacional de Reformas Electorales poner en el ojo público la información correspondiente al origen de las contribuciones privadas en las campañas y establecer un tope.

Y, aunque el debate está en etapa embrionaria, ya el TE empezó a consultar a los expertos internacionales en la materia con el fin de preparar el tortuoso sendero que deberá recorrer.

Así fue que llegó Alejandra Latapi Renner, una consejera en el Instituto Federal Electoral de México (IFE). Latapi estuvo en Panamá esta semana contando las experiencias vividas en el país azteca en materia de financiamiento y fiscalización a los partidos políticos.

Las diferencias entre Panamá y México en materia de financiamiento electoral son notables. Hace dos décadas en México se le dio rango constitucional al derecho de los partidos políticos de obtener financiamiento estatal, en Panamá se hizo en 1997.

Donaciones privadas

Si se habla de supervisión y reglas claras en las donaciones privadas a campañas políticas, México también le lleva la delantera a Panamá. Desde 1993, allá se reglamentaron y precisaron las fuentes privadas de financiamiento.

Estas donaciones solamente pueden provenir de militantes, de aquellos simpatizantes y de algunas organizaciones sociales, explicó Latapi. Es más, en México está prohibido recibir donaciones provenientes del extranjero, incluso de los propios mexicanos radicados en otros países. Y como si fuera poco, también está prohibido aceptar aportaciones de asociaciones religiosas y de sociedades mercantiles.

Además, ningún partido puede recibir anualmente aportaciones en dinero por parte de simpatizantes superior al 10% del total del financiamiento público para actividades ordinarias que correspondan a todos los partidos. Y si las aportaciones son de persona natural, tendrá un límite anual equivalente al 0.005% del monto total del financiamiento público.

Antecedentes

Latapi atribuye estas medidas a la historia de siete décadas vividas bajo gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Pero estas restricciones buscan además mayor transparencia y equidad. "La Ley no acepta de ninguna manera aportaciones que la autoridad no tenga registro de su origen", dijo.

A pesar de los mecanismos de fiscalización que incluyen informes periódicos presentados por los partidos, los políticos han encontrado vericuetos que les permiten burlar la ley.

Uno de los casos más sonados fue el conocido como Pemexgate. Al PRI se le hicieron aportaciones de casi 50 millones de dólares que no se registraron al partido ni tampoco se reportaron a la autoridad electoral. El colectivo político fue sancionado con una multa de 91 millones de dólares porque, además, la donación rompió el techo del financiamiento privado autorizado.

Durante un año, al PRI le fue cancelado el 100% del subsidio público. Terminado el año, se le suspendió el 50% del monto del aporte oficial hasta completar los casi 100 millones de dólares de la sanción.

Latapi es una convencida de que la transparencia no solo de los recursos públicos, sino también privados, trae consecuencias positivas a los pueblos.

La clave: los ciudadanos deben exigir rendición de cuentas.

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