| ALICIENTE. El Consejo Económico CONSIDERA un adelanto al pago adeudado.
Resarcirán daño moral a ex funcionarios
Una partida de 800 mil dólares se pagará a los 255 ex trabajadores destituidos, para resarcir el daño moral sufrido. Los ex trabajadores aceptan que se les cancelen los salarios caídos en tres pagos, pero sin reducirles el monto. José Quintero De León
jquintero@prensa.com
Los 255 ex trabajadores estatales despedidos en 1990 a raíz de la Ley 25 bailan de contento. No es para menos. La Comisión de Trabajo, que conversa con ellos para darle cumplimiento al pago de su demanda por despido injustificado, prometió adelantarles 800 mil dólares correspondientes al resarcimiento del daño moral que incluyó la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Manrique Mejía, vocero del grupo que originalmente era de 270 (han fallecido 15 antes de recibir justicia), indicó que la partida será aprobada por el Consejo Económico la próxima semana.
Sin embargo, señala Manrique, aún queda el sabor amargo de la espera del pago de los salarios caídos, los cuales ascienden a más de 40 millones de dólares, suma que se disparó porque las administraciones de Ernesto Pérez Balladares y de Mireya Moscoso no asumieron los compromisos en su momento.
La Comisión de Trabajo está integrada por los ministros de Gobierno, Héctor Alemán; de Trabajo, Reynaldo Rivera, y de Vivienda, Balbina Herrera, los cuales tienen a su vez una comisión técnica que tiene a su cargo la revisión de los cálculos de los salarios caídos.
Esta comisión técnica, a cargo del secretario general del Ministerio de Trabajo, Edwin Salamín, y del auditor de dicho ministerio, Manuel Pérez, está citando al grupo de trabajadores afectados en enero de 1990, para acordar con ellos los parámetros salariales aplicables debido a que los emolumentos percibidos no eran iguales en todas las empresas estatales.
Mejía hizo un llamado al presidente Martín Torrijos y al ministro de Economía, Ricaurte Vásquez, para que cumplan la sentencia de la Corte Interamericana que ordenó devolverles el impuesto sobre la renta retenido ilegalmente por el ex contralor Alvin Weeden.
Esta retención se hizo al momento de recibir el primer pago de la demanda y asciende a más de un millón de dólares que pertenece a los obreros.
Se intentó obtener mayores explicaciones de esta decisión de parte del ministro de Trabajo Reynaldo Rivera, pero su participación en el diálogo nacional por el Seguro Social no permitió abordarle.
De acuerdo con la también demandante Esteban Nash, el Estado puede proponer un acuerdo para cancelar en varios pagos el total adeudado en salarios caídos (41 millones de dólares), pero no reducir el monto original fallado.
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