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mchery@prensa.com Si hay un producto que en Panamá se vende más que el pan caliente es el arroz pilado. Al año se consumen en este país 6.4 millones de quintales de ese grano. Quizá por ello, la introducción de arroz ilegal resulta muy lucrativa y se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para autoridades de aduanas y de cuarentena agropecuaria, además de los arroceros locales. El caso más sonado de contrabando de arroz en el último año se dio el pasado 22 de abril, cuando la Dirección General de Aduanas decomisó 996 quintales a las empresas Toyosa, S.A. y Nusen Corporation, vinculadas con el empresario Isaac Schwartz. En esa ocasión, el valor de la mercancía decomisada fue de unos 35 mil dólares. Por esa cantidad de arroz se debió haber pagado otros cuatro mil dólares en impuestos. La administración regional de la Zona Oriental de la capital de la Dirección General de Aduanas abrió un proceso penal aduanero y se ordenó la detención de Schwartz, quien estuvo preso algo más de 24 horas hasta que consignó una fianza de excarcelación por el valor de la mercancía, es decir los 35 mil dólares. Por solicitud del Departamento de Fiscalización Aduanera (DEFA), la administración regional formuló cargos a Schwartz por contrabando y emitió una resolución de llamamiento a juicio. La audiencia por el delito de contrabando no se ha realizado aún, según se informó en Aduanas, porque el sindicado no se ha notificado. El abogado de Schwartz, Leosmar Tristán, no obstante, puede apelar la formulación de cargos que hizo la administración regional ante una Comisión de Apelación de Aduanas. De no ser favorecido ante esa comisión, a la defensa de Schwartz le queda un recurso ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (de lo Contencioso-Administrativo). La defensa jurídica de Schwartz trató de ampararse en un beneficio que otorga la ley para estos casos y presentó un recurso para que la administración regional de Aduanas renunciara a la acción penal. Con ello, los abogados de Schwartz también aspiraban a recuperar el arroz de contrabando, previo pago de una multa. El recurso, no obstante, fue negado por la administración regional. Una vez vez concluya el proceso penal aduanero las autoridades deben determinar si imponen o no una multa al procesado. Mientras, en el Ministerio Público también hay un proceso por este caso que -al igual que el caso en Aduanas- tampoco ha concluido. Este proceso originó por una denuncia presentada por el ministro de Desarrollo Agropecuario, Laurentino Cortizo. A raíz de la querella, la Fiscalía Segunda Anticorrupción instruye el expediente a Isaac Schwartz por los delitos contra la salud pública. En Relaciones Públicas de la Procuraduría General de la Nación informaron que está vedado dar información sobre el estatus de este caso. Por su parte, el abogado Tristán aseguró que los ministerios de Desarrollo Agropecuario y de Salud entregaron los exámenes que supuestamente determinaron que el arroz era de primera calidad. La denuncia tiene su base en los delitos contra la administración pública, corrupción de funcionario y defraudación fiscal. Según Tristán, el Despacho de la Primera Dama dispone de los 996 quintales de arroz decomisado. Cálculos no oficiales de los productores de arroz señalan que el contrabando podría llegar a ser de 3 mil quintales por semana (unos seis contenedores semanales, cada uno con 500 quintales). Además en Panorama
• Pasado y futuro
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